Duro palo a la unión de Astún y Formigal: la propia DGA ve un “impacto severo” contra Canal Roya

El texto insiste en que esta unión de estaciones establece un modelo económico que “no fomenta el uso eficiente de los recursos naturales”
photo_camera El texto insiste en que esta unión de estaciones establece un modelo económico que “no fomenta el uso eficiente de los recursos naturales”

“Además del impacto severo que tendrá sobre el paisaje -argumento suficiente per se-, no puede considerarse equilibrada desde el punto de vista territorial”. Esta es la dura conclusión de un informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio en contra de la unión de las estaciones de Astún y Formigal, ante los efectos que tendrá sobre el enclave pirenaico de Canal Roya. Un texto firmado por el propio responsable del área, José Manuel Salvador, de CHA, formación contraria a este proyecto.

Con ello, el informe, que es preceptivo, pero no vinculante, remarca que la actuación “no concurre interés general” para Aragón, ya que aglutinaría gran parte de los fondos de sostenibilidad turística obligando a descartar “proyectos más distribuidos y más vertebradores que impacten positivamente en el conjunto de Aragón”. Igualmente, cuestiona que se cumplan con tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de Producción y Consumo Responsable, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres.

En este sentido, el texto insiste en que esta unión de estaciones establece un modelo económico que “no fomenta el uso eficiente de los recursos naturales”, no “estimula la implementación de prácticas sostenibles” ni “desarrolla un estilo de vida en armonía con la naturaleza”. “De acuerdo con esos objetivos, se busca generar cambios estructurales buscando que tanto la demanda como la oferta se orienten hacia productos y servicios que tengan el menor impacto ambiental, mientras que la presente actuación está incidiendo en un modelo que supedita el paisaje y la naturaleza al beneficio económico”, han resaltado.

Del mismo modo, cree que la concesión de las instalaciones “no es conforme” a la normativa, ya que debería ser la Diputación Provincial de Huesca, que es quien ejecutará las obras, quien la explote durante, al menos, cinco años. “El Reglamento sobre Concesión de Teleféricos establece que no podrán autorizarse transferencias de las concesiones otorgadas hasta pasados cinco años desde la fecha del acta de puesta en servicio”, inciden en el informe.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tampoco esconde el informe los estudios acerca del impacto del cambio climático en el deporte invernal, con un “aumento significativo de las temperaturas medias, máximas y mínimas”, lo que “está disminuyendo el número de días con una acumulación de nieve suficiente para desarrollar el esquí alpino”. “Se ha ido posponiendo progresivamente la fecha de inicio de la temporada (…), lo que conlleva implicaciones económicas. Las estaciones se ven sistemáticamente obligadas a recurrir a innivación artificial, con importantes repercusiones económicas y costes ambientales”, señalan.

Una nieve artificial que también será más difícil de producir con el avance del cambio climático, ya que el incremento de las temperaturas “ha conllevado la desaparición del 50% de los glaciares en los últimos 35 años”. “Junto con ello, las olas de calor han provocado un aumento de fenómenos como deslizamientos de rocas, aludes o corrimientos de tierra”, mantienen.

DEBERÁ PASAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

Tras este informe, y tal y como reseña en sus conclusiones, el proyecto deberá pasar por el Consejo de Gobierno y ser ratificado por el resto del Ejecutivo, en el que se incluye el consejero del ramo, José Luis Soro. “En caso de discrepancia entre el Departamento que tramite la declaración (Economía) y el competente en materia de ordenación del territorio, podrán requerir motivadamente su resolución al Gobierno de Aragón”, añaden.