Imagen de archivo de Canal Roya
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón alega que el proyecto es ilegal por ser una zona protegida

La unión de las estaciones de esquí de Astún-Candanchú y Formigal a través de Canal Roya sigue adelante, aunque no sin despertar polémica ni detractores. Unidas Podemos lo llevó al Congreso, Chunta al Senado, a través de Compromís, e Izquierda Unida se manifestó junto a su europarlamentaria, Sira Rego, en Canfranc. Ahora, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón va un paso más allá y alega que el proyecto es ilegal y choca con la normativa del propio Ejecutivo regional y las bases de los fondos europeos.

Así lo constatan después de la reunión mantenida este miércoles con el director general de Medio Ambiente, Diego Bayona. Y es que Canal Roya “está dentro de un proceso para ser declarado espacio natural protegido”. “Desde un punto de vista técnico, los valores y las amenazas que originaron ese proceso siguen totalmente vigentes. Lo intuíamos, pero queríamos contrastarlo”, explica a ARAGÓN PRESS el portavoz de la plataforma, Paco Iturbe.

Es por esto que reclaman “acelerar” las acciones en esta dirección, recuperando la comisión consultiva a tal efecto, que en su día “se quedó sin constituir”. A través de Bayona, además, han hecho llegar a la consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, la punta de lanza institucional del proyecto, su disconformidad con la situación.

Reunión entre la Plataforma por la Defensa de las Montañas y Diego Bayona

“UN TOQUE A EUROPA”

Los 26,4 millones para los trabajos proceden de los fondos europeos. Y aquí reside otra de las grietas legales por la que se muestran más “optimistas”. En 2025 y 2026 habría que justificar ante Europa que las actuaciones se ajustan a las bases de “turismo sostenible” que contempla la partida o, de lo contrario, devolver la inversión. Esas condiciones recogen, entre otras cuestiones, que se tenga en cuenta “la transformación por el cambio climático”, uno de los puntos principales que según ellos no se cumple.

Para impedir, además del reiterado impacto ambiental, lo que a su juicio sería “un roto importante” en las arcas, buscan “dar un toque” a la Unión Europea y adelantarse. Todas sus vías conducen, en definitiva, a evitar que las máquinas entren en Canal Roya porque “la destrucción sería irreversible”. “En los contactos que estamos teniendo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza por cómo se puede destinar dinero a esto, que es claramente una irregularidad”, valora.

JUDICIALIZAR

Desde la plataforma, temen que, en vez de paralizarse, se entre en una espiral judicial. Tener la razón a posteriori, si así lo determina un juez, “reconocería que es ilegal” pero no evitaría esos daños en la zona, lo que para ellos es la prioridad. Serviría, eso sí, para que alguien acabase “dando explicaciones”.

En su particular oposición, no están solos. Las discrepancias mostradas desde dentro del propio cuatripartito con Podemos y CHA, así lo demuestran. Y en este campo quieren moverse, ya que lo consideran “el principal” para pedir responsabilidades. Si la idea nace de un Gobierno, dice Iturbe, “la primera herramienta para detenerla es la propia iniciativa política”. Mientras tanto, seguirán trabajando contra la unión de estaciones. “Técnica y socio-económicamente”, zanjan, no ven razones para que salga adelante.

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