“Puedo asegurar al 100% que ninguna de las dos compañías que aparecen en el artículo (Satel y Calidad y Estudios) ha analizado ni un solo expediente del promotor señalado (Forestalia)”. Con estas palabras, el director del Inaga, Jesús Lobera, ha salido al paso de las informaciones de El Mundo que acusan de “incompatibilidad” a ambas ingenierías para tramitar los proyectos de energías renovables, y que ha causado un importante revuelo en la Comunidad a cinco días de las elecciones.
En efecto, Lobera, en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha confirmado que ambas compañías, junto con Vea Qualitas, fueron contratadas mediante un concurso público ante el “colapso” que sufría la entidad pública Sarga, la principal asistencia técnica del Inaga, por la avalancha de proyectos de renovables. No en vano, se han registrado en esta legislatura 672 solicitudes de tramitación a la DGA y al Ministerio, además de una treintena relacionados con el Nudo Mudéjar en Andorra.
Sin embargo, el director de este organismo autónomo ha ratificado que ninguna de las dos, que previamente habían trabajado para Forestalia, han analizado ningún proyecto de esta compañía, firmando en todo momento documentos de compatibilidad que acreditarían la independencia en la tramitación. “Se habla de que hay dos empresas trabajando para ambos bandos y no ha sido así, de ninguna forma. En más de una ocasión nos han dicho que no lo podían analizar porque ya habían trabajado en algún proyecto para esa compañía. Se le entrega a otra empresa sin ningún problema”, ha explicado Lobera.
En concreto, en cifras aproximadas, calcula que se habrían repartido en un 60% para Sarga y un 40% para Vea Qualitas. “Recogimos de Sarga una serie de expedientes para repartirlos para su análisis. Se retira de Sarga un número de expedientes y se le derivan los relacionados con Forestalia”, ha añadido Lobera. Sólo con la asistencia técnica de estas empresas, ha añadido, era posible llegar a la fecha del 25 de enero marcada por el Ministerio para la Transición Ecológica para que las empresas obtengan la declaración ambiental, ya sea positiva o negativa, y recuperen los avales presentados al Estado.
Igualmente, el director del Inaga ha señalado que todos los análisis, tanto de empresas externas como de Sarga, llegan posteriormente a funcionarios y finalmente a su mesa para la firma definitiva, sin saltarse ningún paso, negando del mismo modo que haya habido un “trasiego” de documentos “desde las empresas de asistencias técnicas directamente al director”. “Es falso radical y rotundamente. Eso no ha sucedido ni sucederá nunca. Hay un equipo de funcionarios nombrados a tal efecto, con encomiendas de gestión de renovables, que han comprobado, revisado y subido los análisis al director para su firma. Este director es el único que puede firmar. Se ha cumplido inexorable e ineludiblemente la ley”, ha remarcado.
EL TROCEO DE PROYECTOS
Por otro lado, el artículo de El Mundo también menciona el “troceo” de proyectos por debajo del umbral de 50 megavatios para sortear el control del Ministerio de Transición Ecológica y dejarlo en el Ejecutivo autonómico. Ante ello, Lobera ha reconocido que es una “práctica habitual” y una “estrategia” en toda España, aunque ello no haya evitado que hasta 120 solicitudes hayan llegado a la mesa de Moncloa sólo desde Aragón.
En cualquier caso, Lobera ha garantizado que todos estos proyectos se han analizado “sinérgicamente” y evaluando todos los efectos que pudieran tener de forma conjunta. “Cuando hemos visto que llegaban expedientes de 49,9MW cercanos unos a otros y por separado los hemos analizado obligatoriamente y evaluado con todos los efectos acumulativos de todos los parques”, ha sostenido.
Incluso, el director del Inaga mantiene que se estudiaba al detalle todos los condicionantes que pudieran tener los proyectos conjuntamente, hasta con explotaciones ganaderas. “Un número de ganaderías alrededor de tres parques eólicos puede dar lugar a una mortandad enorme. En las explotaciones de animales puede haber cadáveres y, consecuentemente, una población de carroñeras. Y si tenemos un número de aerogeneradores, podemos dar lugar a una mortandad importante. Eso también lo evaluamos, y si el efecto acumulativo no es respetuoso con el medio ambiente, no se aprueban. Los efectos sinérgicos se han evaluado exactamente por igual”, ha aseverado.
LA PURGA A FUNCIONARIOS
La supuesta “purga” de funcionarios denunciada por el Partido Popular también ha sido rechazada por Jesús Lobera, que ha detallado que se produjo la salida de uno de los cuatro puestos de libre designación, el de la secretaria general, por “un problema serio de conciliación de personalidades y de criterios”, pasando después al gabinete de Natalia Chueca en el Ayuntamiento de Zaragoza. “Había una serie de disfunciones importantes que hicieron necesario por incompatible proceder a su cese”, ha explicado.
Eso mismo ocurrió, ha añadido, con otros dos jefes de área, también de libre designación sin vinculación con las renovables “ni con Canal Roya”. “Se habla de criba y purga y me parece lamentable. En absoluto ha sido así. Ha sido únicamente debido a la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Se trata de personal que debe tener una relación y conexión con la Dirección del Inaga. Son de libre designación y esto puede llegar a suceder. Igual que se les nombró son cesados de esta manera”, ha desgranado.
EL PROYECTO CANTERAS 1
El último asunto que mencionaba el diario El Mundo es el proyecto Canteras 1, un parque eólico situado entre La Puebla de Albortón y Fuendetodos, que fue aprobado después de ser rechazado en dos ocasiones. Según Lobera, se les entregó un “borrador de la resolución”, un “trámite de audiencia” que, asegura, se realiza en todos los proyectos, y que permite a los interesados presentar alegaciones en un plazo de diez días.
De este modo, y aunque lo “normal” es que este trámite se realiza una sola vez, el promotor presentó una adenda que “cambiaba sustancialmente” el proyecto, por ejemplo, en el número de aerogeneradores, lo que, entendieron desde el Inaga, “hizo necesario emitir un nuevo borrador”. “Es un ajuste importante que requiere ese tipo de esfuerzo. Estos trámites exigen mucho trabajo, pero vale la pena, porque queda una resolución muy ceñida a lo que se nos demanda”, ha añadido.
