Las Comunidades de Regantes podrán contar con 55 millones para crear 7.000 hectáreas más de regadío

La convocatoria se circunscribe al programa lanzado por el gobierno aragonés en la pasada legislatura
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Arranca septiembre y, con él, las agendas del nuevo curso político. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del recién constituido Gobierno de Aragón se ha estrenado este martes ante los micrófonos de la prensa autonómica para comunicar su primera actuación ejecutiva: la habilitación de la segunda línea de subvenciones para la creación de proyectos de regadío en la Comunidad, por un montante plurianual de 55 millones de euros. La medida, de la que se beneficiarán no agricultores individuales, sino Comunidades de Regantes (que agrupa a cientos de agricultores), supondrá una inversión total de 110 millones de euros para la transformación de otras 7.000 hectáreas áridas en zonas de riego.

La convocatoria se circunscribe al programa lanzado por el gobierno aragonés en la pasada legislatura, que prevé computar una inversión a largo plazo de 350 millones para no solo la creación de 25.000 hectáreas de riego en territorio aragonés, sino también la de miles de empleos directos. En palabras del consejero Joaquín Olona, el programa ambiciona convertirse en una eficaz medida de “desarrollo sostenible” para impulsar a la industria agroalimentaria, y ayudar a combatir “la despoblación”. Todo ello, al mismo tiempo en que se fortalece de manera más integral el medio rural, afrontándose como alternativa paliativa de los efectos presentes y futuros del cambio climático.

En la primera convocatoria ya fueron aprobados nueve proyectos de regadío (correspondiente a 13.660 hectáreas) de las que ya pudieron beneficiarse más de 1.500 miembros de las Comunidades de Regantes. La característica específica de esta modalidad de financiación, según ha analizado el director general de desarrollo rural, Jesús Nogués, es que las aportaciones de gobierno se efectuarán a largo plazo, hasta e 25 años. Esto es, los proyectos de las Comunidades seleccionados deberán anticipar el pago de las obras y, poco a poco, el ejecutivo devolverá los préstamos que hayan suscrito con entidades financieras. La intensidad de la ayuda pública alcanza hasta el 50% de la pagadera a las Comunidades (en 25 anualidades), con un techo máximo de inversión subvencionable de 15.000 euros por hectárea.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 22 de octubre. Desde el departamento recuerdan que para proponer candidaturas, los proyectos primeramente han de estar catalogados como zona de interés general.