Un total de 64 nuevos usuarios han ingresado en 27 centros residenciales de Aragón, después de que el Gobierno autonómico permitiera tramitar nuevas altas el pasado 11 de mayo. Estos nuevos ingresos se realizan bajo estrictas condiciones sanitarias y solo pueden llevarse a cabo en centros que no han tenido ningún caso de coronavirus o en aquellos que llevan un mínimo de 28 días sin registrar ningún contagio.
Esta medida forma parte del particular plan de desescalada que seguirán los centros residenciales, donde la pandemia ha dejado sentir sus efectos de manera especialmente devastadora. Según ha explicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en la Comisión del ramo celebrada este miércoles, el Ejecutivo “está trabajando” en este plan, trabajando en aspectos como la discapacidad, el servicio de información o la atención temprana. “Hay que dar algunas respuestas ya”, ha manifestado.
“El rescate a residencias seria de carácter inmediato, han sufrido mucho porque han tenido mayores gastos y fallecimientos. Hasta hace poco no han podido tener ingresos, es un tejido empresarial importante en Aragón y queremos resarcir esas dificultades en la medida de nuestros presupuestos”, ha expresado Broto, a la par que ha desmentido que haya habido falta de personal en residencias en algún momento de la pandemia. De igual manera, la consejera ha especificado que “si Sanidad hubiera tenido claro que la solución era la realización de test masivos, lo hubieran hecho”. “Es mucho más complejo”, ha zanjado.
Asimismo, la oposición ha instado al Departamento a hacer ciertas reformas. La portavoz de Ciudadanos, Loreto Camañes, ha llamado a hacer una “reflexión profunda” del modelo ce los centros residenciales. “Tendremos que hablar de formación profesional, condiciones laborales y salarios. En definitiva, de dignificación profesional, se lo merecen con creces”, ha expuesto. Por su parte, el portavoz de Vox, David Arranz, ha acusado a la Administración de “falta de reflejos” a la hora de reaccionar ante la pandemia, a la par que ha propuesto que las residencias cuenten desde este momento con un servicio médico fijo a fin de reducir el impacto de nuevos problemas sanitarios.
En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en que, si bien habrá que plantear una serie de medidas, el modelo de gestión de las residencias “no debe cambiar” y que deben seguir siendo centros de convivencia. “El modelo residencial es asistencial, no sanitario, y queremos que siga siendo de esta manera”, ha subrayado, resaltando también que “desde enero estuvimos trabajando en robustecer el sistema de Servicios Sociales y se ha visto que ha sido fundamental, como lo ha sido el hecho de que la ciudadanía haya confiado en ellos”.
La portavoz del área del grupo parlamentario Popular, Marian Orós, ha criticado la propuesta del Gobierno de Aragón de dejar libre un 10% de las plazas de cada centro residencial, a fin de tener capacidad para responder ante un posible rebrote de Covid-19. Según ha expuesto, esto “pone en peligro” la viabilidad de algunas de estas residencias, a lo que Broto ha respondido que es un “requisito de seguridad”. “Debemos hacer las cosas de otra manera, veremos si es necesario mantenerlo y lo pactaremos con las residencias”, ha apuntado.
Conciliación e inserción
Los grupos parlamentarios han trasladado también al Departamento su preocupación en materia de conciliación de cara al verano, ya que las actividades y campamentos para los niños han sido suspendidos, muchos padres están reanudando ya el trabajo presencial y los abuelos, a quienes suele recurrirse en estos casos, suponen un colectivo de riesgo. Además, Camañes ha hecho hincapié en que esta situación afecta especialmente a las mujeres, ya que “son las madres las que siguen asumiendo la gran parte del cuidado de los hijos y se ven en la tesitura de elegir entre la vida laboral y familiar”.
Según ha desvelado Broto, desde el área de Igualdad y Familia se está elaborando un documento que aborde estos asuntos, a la par que ha avanzado que en la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno hay varias iniciativas relativas a cuidados. “Si los cuidados no son un tema de toda la sociedad, poco avanzaremos. Tendremos que cambiar cosas, hablar de trabajo y de modificación de horarios”, ha señalado.
La consejera se ha pronunciado también sobre el Ingreso Mínimo Vital, que será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros. “Este ingreso sería la mejor propuesta desde el punto de vista de la dignidad. Todavía no sabemos los pormenores, pero sería una prestación vinculada al núcleo familiar y que sería pagada por la Seguridad Social”, ha explicado, detallando que “sería una medida muy positiva y podría llegar a una parte importante de lo que nosotros pagamos del Ingreso Aragonés de Inserción y las ayudas de integración familiar”.
A este respecto, la consejera ha celebrado que todos los grupos parlamentarios tengan “se preocupen” por lo que ha ocurrido en los servicios sociales desde el estallido de la pandemia, un comportamiento, a su juicio, similar al que ha tenido el Gobierno central, dada la aportación de 9 millones de euros con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dotado al área y que se sumará a la “importante cuantía” que recibirá de los 16.000 millones de euros con los que se dotará a las autonomías para que puedan paliar los efectos de la pandemia en sus respectivos territorios.
