La crisis económica que se ha derivado de la sanitaria ha dejado en situación de vulnerabilidad a muchos ciudadanos. Aún es pronto para cuantificaciones absolutas, pero miles de ellos se han visto desprovistos de recursos para afrontar, por ejemplo, el pago del alquiler de su vivienda habitual. Ante esta fragilidad transitoria, el Gobierno de Aragón ha convocado una línea de ayudas -que pretende ascender hasta los 6,4 millones de euros- para sufragar las rentas durante seis meses. En una primera estimación, el Departamento de Vivienda calcula que podrán beneficiarse cerca de 2.000 familias aragonesas.
El consejero del ramo, José Luis Soro, ha especificado que el programa de ayudas ha sido concebido para “minimizar” el impacto de la pandemia en la economía familiar, pues estas han sufrido, de la noche a la mañana, “un revés” de incalculables dimensiones. Sin embargo, dada la “insuficiente” dotación estatal que ha recaído en Aragón (de 100 millones habilitados por el Gobierno Central para este nuevo programa, a la Comunidad le correspondían solo 3,8 millones), y previendo que “vamos a necesitar más dinero para llegar a más familias”, el consejero ha anunciado que desde el departamento ya se está tramitando la modificación presupuestaria para aumentar la dotación en otros 2,6 millones de euros.
Las solicitudes podrán empezar a depositarse el próximo 22 de junio, y el plazo permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre. En cualquier caso, desde el Gobierno de Aragón, hacen un llamamiento explícito a los solicitantes a presentar “correctamente” la documentación necesaria para evitar así el bloqueo de la Administración. La idea es empezar a pagar las ayudas en julio.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, se abonará hasta el 100% de la renta por un plazo de hasta 6 meses, entre abril y septiembre, y con un máximo de 600 euros mensuales en función de los tramos por localidades que establece la convocatoria (hay localidades con un máximo de 600 euros, y otras de hasta 500, 400 o 300, atendiendo al alquiler medio). En determinados casos (como familias numerosas en localidades del tramo máximo superior), se pueden aumentar hasta 900 euros.
Ingresos mínimos y posibles beneficiarios
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha detallado que las ayudas están asimismo destinadas a cubrir la cancelación total o parcial de los préstamos suscritos con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para el pago de la renta de alquiler. En cualquier caso, los solicitantes, deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder al pago. Principalmente, validación oficial de que atraviesan una situación de vulnerabilidad económica o social sobrevenida como consecuencia de la Covid-19. Esto es, que la persona continúe bajo la obligación de pagar el alquiler, pese a estar en régimen de desempleo, Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o haya reducido su jornada por motivos de cuidados, en caso de ser empresario -u otras circunstancias similares- y que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
Para proceder al cálculo de ingresos y demostrar que los ingresos brutos de la unidad familiar (todos los miembros de la familia) se han visto reducidos, se ha establecido un rango, según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Así, el límite de ingresos en la unidad familiar será de 1.613 euros con carácter general, lo que supone tres veces el Iprem. Este límite se incrementará en el caso de familias monoparentales, con obligaciones por cuidado de hijos o personas mayores o dependientes. También se incrementa el límite en personas con discapacidad que deban hacer frente a la renta.
Las mujeres víctimas de violencia machista, prioritarias en la adjudicación
Para la adjudicación de las ayudas, tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia machista, que además podrán hacer uso de estas ayudas para proceder al pago del alquiler de una residencia no habitual, como el caso de una habitación. Sobre esta cuestión, Villagrasa ha explicado que esta medida se ha adoptado porque “entendemos que se han podido dar situaciones durante el confinamiento en las que una mujer ha tenido que salir precipitadamente de su casa y no ha podido alquilar una vivienda, pero sí una habitación”.
Por otro lado, la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, deberá resultar igual o superior al 35% de los ingresos netos que percibe la unidad familiar. Sin embargo, no tendrán derecho a esta ayuda las personas que sean titulares de una vivienda en España aunque se excepciona de estos casos a aquellas personas que acrediten que no tienen acceso a la misma.
Con la intención de agilizar al máximo la tramitación de las solicitudes, se ha apostado por un proceso de presentación de documentación “simplificado”, es decir, que el solicitante cuente ya en su poder con los documentos necesarios. Eso sí, dicha documentación deberá presentarse correctamente, junto con la solicitud, para que sea admitida. Desde el Gobierno insisten en que es “muy importante presentar bien la documentación”, y, por eso, desde este martes, se habilitará un teléfono especial para las consultas relacionadas con esta convocatoria. Estas se atenderán a partir de este martes en el 976 360711 y a partir del jueves 18 se podrá empezar a pedir cita previa para la atención en el espacio creado especialmente para esta convocatoria en el edificio del Gobierno de Aragón, situado en la plaza San Pedro Nolasco.
