El Boletín Oficial del Estado ha hecho público este miércoles el real decreto ley por el que se regulará la creación y distribución territorial del Fondo Covid-19 con 16.000 millones de euros, del que podrán abastecerse Autonomías para encarar los costes extraordinarios de la pandemia. Ante el desbloqueo presupuestario, la consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón ha elaborado un cálculo estimatorio de la ayuda que, según los parámetros de reparto, recaería en la Comunidad: unos 400 millones de euros. La DGA considera esta cantidad “insuficiente” y achaca su relativo infortunio a que, entre otras cuestiones, a Aragón no se le ha computado la inversión estructural que asumió para poner en marcha los llamados “centros Covid”.
Durante su análisis, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha revelado que, para Aragón, siempre seguirá siendo “negativo y reivindicable” todo aquello que se aleje “de lo que nosotros entendemos que es el coste real del servicio”. En ese sentido, ha vuelto a recordar lo que ya en su día se “aventuró” a predecir: que el “gasto mínimo” para cubrir todos los costes no debería bajar de los 400 millones de euros. Una cantidad, por tanto, inferior a la que espera le correspondan a Aragón, una vez establecidos los criterios oficiales de reparto.
En cualquiera de los casos, todo se mueve, a día de hoy, entre condicionantes. El consejero ha advertido que las cifras no se corresponden sino a meras aproximaciones, puesto que todavía no es posible conocer si ese gasto se superaría a final de año, en caso de sucederse un posible repunte de la enfermedad. Por ello, tampoco descarta que pueda “teorizarse” acerca de la posibilidad de recibir una cantidad mayor. En cualquier caso, Anadón ha querido reconocer la iniciativa a fondo perdido del Gobierno Central, y ha aplaudido que -descontando los 800 millones de fondo que irán para el transporte- entre el primer planteamiento de reparto estatal (se aspiraba a optar a unos 365-388 millones) y este segundo, todo apunte a que Aragón llegue a recibir cerca de 17 millones más.
Precisamente, cuando el Gobierno de España configuró las primeras estimaciones sobre el impacto autonómico de la pandemia, ya entonces la DGA no se mostró conforme con los criterios de reparto –del ámbito sanitario-, por considerar que estos no terminaban de ajustarse a las necesidades de cada territorio. Para el consejero, aun habiéndose reformulado los porcentajes, ha vuelto a dejarse “de lado” la consideración de otros servicios de los que regiones –como Aragón- han echado mano para paliar su contexto sanitario, generando, por tanto, mayor gasto estructural. En concreto, el consejero se ha referido a la Atención Primaria o al 061. De esta manera, al haberse priorizado o centrado el grueso del porcentaje de concesión en, por ejemplo, la hospitalización, hay otros territorios que han salido más beneficiados.
El consejero ha recordado que Aragón estableció una red de cobertura específica para poder desplegar toda infraestructura de esos centros Covid, que asimismo incurrieron en gasto sanitario. Sin embargo, “no se nos ha computado”, ha lamentado. Aun así, ha vuelto a incidir en la conveniencia para Aragón de que haya aumentado el peso que se le ha dado a la población protegida, tan abundante en el territorio.
Porcentajes de cada partida económica, por parámetros
La primera partida de esta línea de ayudas extraordinaria y no reembolsable (los distintos territorios no deberán devolverlo al Estado) está prevista para el mes de julio, partiendo con el reparto de los primeros 6.000 millones de euros para Sanidad. Según la normativa, y a efectos de gasto sanitario, se optará por el número de hospitalizaciones (25% del presupuesto), el número de ingresos en ucis (30% del presupuesto), el número de pruebas PCR (10% del presupuesto) y la población protegida equivalente (35% del presupuesto) como principales parámetros de distribución. Esto es, que las comunidades más afectadas serán las principales beneficiarias de los fondos.
De la dotación presupuestaria total, esos 16.000 millones habilitados, unos 9.000 millones serán destinados a sufragar los gastos en Sanidad, otros 2.000 millones irán para Educación y los otros 5.000 millones restantes serán distribuidos para hacer frente a la pérdida de ingresos tributarios y de transporte. Después de desbloquear el reparto de los primeros 6.000 millones en julio, se hará lo propio en noviembre con otros 3.000 millones.
De ese segundo bloque de ayudas se destinará el 45% según la población protegida, el 25% según las UCIS, el 20% según hospitalizaciones y el 10%, una vez más, según PCR. De la siguiente partida de 5.000 millones, 800 se destinarán a paliar la pérdida de ingresos en el transporte y 4.200 para aliviar la caída de ingresos tributarios.
