Este miércoles se ha autorizado la firma de un protocolo entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y seis departamentos del Gobierno de Aragón –Educación, Sanidad, Ciencia, Ciudadanía, Economía y Agricultura– para hacer más operativa la ejecución de los fondos provenientes del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Este documento abre la puerta a la posterior aprobación de los proyectos que, a través del IAM –organismo dependiente del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales–, ejecutarán estas consejerías. Sobre el total de 100 millones de euros que transfiere el Gobierno de España a las comunidades autónomas, Aragón recibirá 4,65 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, tal y como apareció publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Alrededor de la mitad de estos fondos irán a las iniciativas desarrolladas conjuntamente con los seis departamentos.
A través del protocolo, el primero de estas características que se firma para este fin, se especifican las competencias y atribuciones del IAM y las de los departamentos. Entre las del Instituto Aragonés de la Mujer figuran determinar las medidas en colaboración con las consejerías, asignar una cuantía y realizar un seguimiento de las actuaciones. Por su parte, los organismos gestores se encargan de llevar a cabo estas medidas, de participar en el grupo de trabajo interdepartamental creado al efecto o entregar la memoria económica.
También se establecen los proyectos financiables, entre los que están iniciativas para la inserción sociolaboral, campañas de sensibilización, sistemas de acompañamiento, cursos de formación específica o el refuerzo de los puntos de encuentro familiar.
Además, se acuerda que, en los dos meses siguientes a la aprobación de actual protocolo, se constituirá por las partes una comisión de seguimiento que estará formada por dos personas designadas por el IAM y por dos personas elegidas por los departamentos colaboradores. Se celebrarán al menos dos reuniones durante la vigencia del protocolo, hasta el 30 de diciembre de 2020 con posibilidad de prórroga.
El protocolo no se olvida de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y la incidencia que ha tenido en la violencia machista, especialmente con el aislamiento domiciliario. Y recuerda que en el real decreto de 31 de marzo el Gobierno central aprobó, entre otras medidas, flexibilizar las reglas de gasto relativas a los fondos del Pacto de Estado y la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades derivadas también en este ámbito por la declaración del estado de alarma.
