El decreto para el uso de los remanentes de los ayuntamientos españoles, dotado con un fondo de 5.000 millones para ayudas contra la pandemia del Covid a las entidades locales, ha sido rechazado tras no recabar el Gobierno en el Congreso los apoyos suficientes para su aprobación. La propuesta, acordada entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, ha contado con 193 votos en contra, ya que solamente los partidos del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, han votado a favor. Es, de hecho, la primera derrota parlamentaria de Pedro Sánchez desde su investidura.
Tanto el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, han celebrado que no salga adelante este decreto porque perjudica a las ayudas que iban a llegar a las arcas municipales de ambos consistorios aragoneses.
Azcón ha anunciado que mañana mismo habrá que negociar uno nuevo que dote de recursos económicos a la capital aragonesa. “Es otro paso en el camino. Es muy positivo, se reclamaba justicia y se ha obtenido. Pero el verdadero recurso es que lleguen dineros a la ciudad. Y por eso vamos a seguir trabajando para lo importante, que las ayudas lleguen a la ciudad”, ha sostenido.
Buj considera las condiciones para acceder a los fondos Covid como un “auténtico robo” para los ayuntamientos. “Cuanto más necesitamos atender nuestros servicios sociales, tenemos más gastos de desinfección en colegios públicos y en instalaciones públicas, y cuando el comercio de nuestra ciudad necesita más ayudas, el Gobierno del PSOE pretendía expropiar a los ayuntamientos, quedarse con esos ahorros y dar a cambio, en el caso del Ayuntamiento de Teruel, migajas”, ha sostenido.
Durante su intervención, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado el papel jugado por la FEMP “tras dos meses de intenso debate” en este acuerdo, que fue aprobado por la federación de municipios el pasado 3 de agosto por 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención, siendo decisivo para su aprobación el voto del presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.
Así, ante las críticas de otros partidos políticos al acuerdo, la ministra de Hacienda ha señalado que esas formaciones no han presentado “ninguna propuesta que respete los límites constitucionales” para permitir a las entidades locales hacer uso de su remanente de tesorería sin incurrir en déficit, algo prohibido tanto por la ley de estabilidad presupuestaria como por la propia Constitución.
Además, ha añadido que los tipos de interés negativos vigentes actualmente suponen a los ayuntamientos un coste de 70 millones de euros anuales por sus depósitos bancarios y que, por tanto, “no tiene sentido perpetuar esta situación”.
En este sentido, la titular de Hacienda ha resaltado que se trata de una “solución extraordinaria a una situación extraordinaria” y que “el Gobierno no esconde la cabeza debajo de la mesa como un avestruz” pese a que “no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos” y que realizar 9.000 préstamos supondrá una gran carga administrativa, y defendió que la propuesta acordada es la única solución viable.
Asimismo, Montero ha destacado que la FEMP es el órgano que representa “la democracia de los municipios” y que, por tanto, cualquier acuerdo en su seno debería ser respetado por el Congreso de los Diputados. “Negar la democracia de las mayorías de la FEMP es negar la democracia de los ayuntamientos y negar la democracia de los ciudadanos”, ha declarado.
Ante la falta de apoyos al texto, la ministra ha invitado a los grupos que se oponen al texto a tramitarlo como proyecto de ley y presentar su propuesta alternativa, pese a que la mayoría de formaciones abogan por permitir el uso del superávit y la incursión en déficit mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
