Las familias de la escuela concertada han tomado las calles aragonesas para defenderse de lo que consideran “un recorte de libertad” con la nueva ley educativa. Tienen claro que supone “un ataque” a todo tipo de educación que no sea pública: la infantil, la concertada y la especial.
En Zaragoza, centenares de coches han acudido a primera hora de este domingo al Centro Politécnico Superior (CPS) y, muy bien organizados, han iniciado su protesta. Los representantes y organizadores de la convocatoria han leído un manifiesto clamando contra unas medidas que “poco a poco eliminan la libertad de elección de los padres”. Posteriormente han recorrido las calles de la ciudad.
Las diferentes organizaciones han clamado contra la normativa, “impuesta sin ningún consenso”. Conchita Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Aragón (Fecap), ha sostenido que debe primar “la libertad de los padres a elegir centro”. Actualmente el problema es la eliminación de la demanda social. “Dejan la puerta abierta a que se llenen antes los públicos”, explicaba antes de solicitar “un pacto de estado por la educación”.
Por su parte, Miguel Ángel Maya, del sindicato del FSIE, ha resaltado que la intención de la norma es “limitar los derechos de los ciudadanos”. Eliminando la demanda social se cerrarán aulas y “cientos y cientos de sus profesores se verán en la calle”. Los trabajadores no docentes tampoco aparecen en la nueva ley. La idea, según la organización, es “ir cerrando vías y hacerlo poco a poco para silenciar a la sociedad”.
PP, Cs y Vox se unen a la protesta
Las fuerzas políticas de la oposición han acudido a respaldar el “movimiento naranja”, como se han autodenominado. El líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha calificado el día como “triste” por tener que “salir a la calle a reclamar libertad”. “Es realmente sorprendente que se legisle desde la ideología y no desde el sentido común”, ha sostenido. Por ello, ha asegurado que el PP “defiende la libertad de los padres”.
En este mismo sentido, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha llamado al Gobierno central a “tomar nota” de lo que está pasando por ser “muy significativo”. Se han movilizado “miles de familias” para “exigir justicia en algo importantísimo como es la educación de sus hijos”. Considera que deberían pensarse los dirigentes nacionales “muy mucho” lo que está pasando. “La educación no debe ser un campo de batalla, sino de acuerdo”, ha sentenciado.
Por su parte, Cs ha defendido las reivindicaciones de los afectados y ha reclamado la derogación de la Ley Celaá. Consideran que “no cuenta con el consenso de la libertad educativa”. Su portavoz, Daniel Pérez Calvo, ha insistido en que se defenderá la educación concertada, la especial y el castellano “allí donde se le ataque”.
Sin embargo, ha sido Vox, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, el más duro. “Esta ley es la que menos consenso ha suscitado y más fractura social. De todas las leyes, esta es con diferencia la peor de todas”, ha aseverado. Además, ha insistido en que va a sumir a los alumnos “en la más indigencia intelectual y académica” por las nuevas facilidades. “Necesitamos una ley que suscite el acuerdo unánime de la sociedad y los grupos, que dé una continuidad. No podemos cambiar de ley cada legislatura”, ha sentenciado.
