Los trabajadores no vacunados de residencias de mayores no tendrán que pagar las PCR obligatorias cada 72 horas, cuyo coste recaerá ahora sobre las empresas, en el caso de centros privados, o en el Gobierno de Aragón, para las públicas. De hecho, tendrán que abonar el dinero invertido en las pruebas realizadas desde el 30 de julio, cuando entró en vigor la última orden del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Así queda de manifiesto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya concedido las medidas cautelares solicitadas con CCOO contra la orden del 22 de julio, que obligaba a los trabajadores de residencias no vacunados a hacerse una prueba diagnóstica cada 72 horas. Y, en concreto, en el apartado sexto, hacía pagar el coste del test a los no vacunados por voluntad propia, mientras que, en el resto de los casos, “corresponderá asumirlo a la entidad titular o gestora del centro”.
Con esta medida cautelar, el TSJA anula este apartado sexto, aunque, de momento, no entra a valorar el corazón de la orden. La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Delia Lizana, ha explicado que su recurso iba contra toda la norma, pero solo ha entrado a valorar las cautelares sobre el coste. “Considera que es una medida desproporcionada y que no debe recaer en los trabajadores”, ha remarcado.
En este sentido, la próxima semana presentarán las nuevas acciones que van a llevar a cabo contra la orden al considerar que “vulnera derechos fundamentales” como la intimidad de las personas. “Entendemos que hay que poner medidas, pero que sean reales y que protejan a los más vulnerables, pero no siempre deben recaer sobre los trabajadores. Y deben tener proporcionalidad. Si Sanidad considera que para atender a los mayores es obligatoria la vacunación, lo tendrá que legislar. Lo que no se puede es poner medidas coercitivas para obligar a vacunarse”, ha resaltado Lizana.
Actualmente, tan solo un 3% del total de trabajadores de residencias todavía se muestra reacio a vacunarse contra la Covid, mientras que al 97% restante ya se les han inoculado las dosis pertinentes. “Pido siempre responsabilidad y que tengan en cuenta que la protección de los mayores con los que trabajan es de vital importancia. Pensamos que todos los trabajadores deben estar vacunados, aunque sabemos que no podemos obligarles”, expresaba este jueves la consejera del ramo, María Victoria Broto.
