El Gobierno de Aragón no suprimirá las pruebas PCR obligatorias cada 72 horas para trabajadores de residencias sin vacunar. Es la respuesta de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, tras el revés judicial que supuso la decisión del TSJA de eximir a estos empleados de asumir el coste de los test. Aunque no ha aclarado cómo se va a resolver esta cuestión, sí ha garantizado que las pruebas “no van a dejar de hacerse”.
Para Broto, se trata de medidas acordadas con el Departamento de Sanidad con el único objetivo de “proteger a nuestros mayores”, el colectivo más vulnerable de toda la pandemia. “Acatamos la sentencia. No me voy a poner a debatir con el TSJA mi opinión. Tomaremos las medidas oportunas para que las pruebas se sigan realizando”, ha expresado la consejera del ramo, en una visita a la residencia juvenil Baltasar Gracián de Zaragoza.
Del mismo modo, Broto ha insistido en su defensa de la vacunación obligatoria para todos los trabajadores de residencias de mayores, aunque no haber modificado la legislación actual hace “complicado” plantear este requisito. “La vacunación supone la protección de los trabajadores y familias. Se nos hace difícil de entender que personas que trabajan en una residencia no estén vacunadas”, ha remarcado.
Además, los datos confirman la teoría de la consejera. “El 83% de los positivos son de personas no vacunadas, el 12% de personas con una dosis y 5% con la pauta completa. Hablamos de protección personal y del colectivo con el que estas en contacto”, ha detallado la consejera, que ha destacado el “gran trabajo” de todos los trabajadores de residencias, vacunados y no vacunados, durante los 18 meses que ya dura la pandemia de la Covid-19.
