Los presupuestos de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento para 2022 aumentan un 8,45% y superan por primera vez en la historia los 300 millones de euros, en una apuesta por la investigación, la innovación tecnológica y el conocimiento. Con 23,5 millones más que el actual ejercicio, se consolida así la senda expansiva iniciada al inicio de legislatura y que persigue avanzar hacia un nuevo modelo productivo y una economía de alto valor añadido gracias a un compromiso sincero y sostenido en el tiempo con la educación superior, la ciencia y la digitalización.
Tras tres presupuestos consecutivos expansivos –que han aumentado los fondos de 245 millones en 2020 a 302,5 en 2022, lo que supone un 25% de incremento frente al 20% del global de la Comunidad- las cuentas marcan “una dirección clara y un sobreesfuerzo en la materia”, según ha defendido la consejera del ramo, Maru Díaz, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar las cuantías de su departamento. “Este gobierno ha priorizado la educación superior y la investigación como palancas de crecimiento, invirtiendo en futuro y generando retorno en el territorio”, ha subrayado.
La apuesta ha sido además “transversal”, articulando el sistema aragonés de I+D+i y coordinando las acciones de los distintos departamentos del Ejecutivo. De hecho, según ha destacado la responsable autonómica, la Comunidad destina este año de forma directa 116,5 millones de euros de su presupuesto a investigación, desarrollo e innovación, un 16,14% superior al año pasado y un 43% más desde el inicio de legislatura.
El aumento en el esfuerzo inversor en I+D+i se refleja también en el llamado Fondo de I+D+i, que incluye además las cuantías destinadas a investigación, desarrollo e innovación de la transferencia que la DGA realiza cada año a la universidad pública y la inversión del Fondo de Inversiones de Teruel en proyectos vinculados a I+D+i. Se eleva un 18,6%, hasta los 176,6 millones, 27,7 más que el año pasado cuando se recopiló por primera vez en cumplimiento del Pacto por la Ciencia y la Ley de Ciencia Autonómica.
Según ha expresado Díaz, todo ello demuestra que “la ciencia ha pasado de ser un tema olvidado y menospreciado en los debates a convertirse en el centro de nuestras políticas y punto de inversión claro de este gobierno”. “Aragón está saliendo de la crisis de forma diametralmente opuesta a cómo se hizo en el pasado, utilizando la inversión pública como revulsivo capaz de generar crecimiento económico”, ha sostenido.
En materia de investigación, el buen trabajo conjunto con la universidad y los centros ha permitido competir mejor, lo que ya está dando frutos en lo que a captación de fondos se refiere en convocatorias nacionales e internacionales. A este respecto, la consejera ha puesto en valor cómo Aragón es la única autonomía, junto a Cataluña, País Vasco y Valencia, con cuatro proyectos financiados dentro de los Planes Complementarios ligados al Mecanismo de Recuperación de la UE.
Gracias a esa inyección de fondos, el Centro de Estudios de Física del Cosmos –responsable del Observatorio Astrofísico de Javalambre y de Galáctica, el centro de divulgación de la astronomía de Arcos de las Salinas- duplica su presupuesto, y alcanzará los 4,25 millones, sin contar con la aportación del Estado a su sostenimiento (un millón más).
Hasta un 25% crecen también los recursos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), como centro de referencia en la investigación y la transferencia al sector. Con un enfoque pionero en OneHealth y 11,6 millones, trabajará para fomentar la transición verde y digital en el sector agroalimentario aragonés.
Por su parte, la universidad dispondrá de dos millones más para desarrollar materiales avanzados que sirvan de base para construir dispositivos que cubran necesidades sociales en el ámbito de la biomedicina y las tecnologías de la información.
Mientras, el Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova contará con otros dos millones para el desarrollo del hidrógeno verde, adicionales a su presupuesto, que aumenta un año más hasta los 4,6 millones para seguir transfiriendo innovación a las pymes y a los emprendedores aragoneses en un momento clave.
Para seguir captando talento e investigadores de primer nivel a Aragón, la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) consolidará sus fondos y tiene previsto lanzar una nueva convocatoria de once nuevas plazas, que permitirá alcanzar un nuevo récord de científicos trabajando (un total de 62).
Además de continuar avanzando en la estabilización y dignificación de carreras, este año se pondrá en marcha el programa de movilidad de predoctorales, una reclamación histórica que "por fin verá la luz".
Compromiso con la Universidad
Junto a la investigación, otro importante “motor de futuro” es la universidad. “Como ascensor social, pero también palanca indispensable para la transformación de Aragón hacia una economía basada en el conocimiento”, el Departamento redobla el compromiso con el campus público en las cuentas de 2022.
La transferencia básica a la Universidad de Zaragoza sube 7,4 millones y roza ya los 200 millones, en el primer año de una senda expansiva de mil millones hasta 2026 que llevará a sufragar el 100% de los gastos ordinarios del campus. No en vano, el próximo año se logrará cubrir ya el 96,4% del coste de "subir la persiana".
Asimismo, se destinarán 12,5 millones a infraestructuras universitarias y de investigación, para finalizar la reforma de Filosofía y Letras, empezar a proyectar otras grandes obras, como Medicina o el Ceqma, y llevar a cabo trabajos de rehabilitación dentro del programa Unizar 2030, que prevé la reforma integral de los campus para ganar espacios de socialización y encuentro para el estudiantado, así como zonas verdes, y reducir la huella de carbono.
La apuesta por no dejar a nadie atrás en la educación superior continúa también con una decidida política de becas, que incluye convocatorias de movilidad, Erasmus+, másteres estratégicos y becas salario.
En este sentido, las ayudas de movilidad, que compensan los gastos de desplazamiento y manutención de los universitarios y ayudan a vertebrar el territorio, volverán a reforzarse y llegarán a 1,2 millones de euros, su máximo histórico. Como novedad, se recuperan las becas y ayudas a la actividad universitaria, destinadas a las asociaciones de estudiantes y que se cancelaron en anteriores mandatos, con un montante de 15.000 euros.
Impulso a la transformación digital
En el ámbito de la digitalización y la conectividad, las cuentas supondrán también todo un revulsivo para, según ha afirmado la consejera, “no solo asegurar una conexión a Internet en todo el territorio, sino también una alfabetización social y empresarial acorde a la transformación digital y al nuevo paradigma postpandemia”.
De hecho, estos fondos experimentarán una subida del 60% en Aragonesa de Servicios Telemáticos, superando los catorce millones de euros, y de 2,5 millones más en la Dirección General de Administración Electrónica, hasta rebasar los nueve millones. La Red Digital de Emergencias, un nuevo plan de servicios digitales, nuevas medidas de ciberseguridad, el impulso al teletrabajo, o la política Cloud serán algunas de las líneas estratégicas en las que se trabajará en este apartado.
También se mejorará la conectividad en todo el territorio, gracias al despliegue de la prórroga evolutiva del ConectAragón, con una inversión de cinco millones. Por último, la consejera ha anunciado también que se está ultimando el Plan "Aragón Territorio Conectado", que estará dotado de 34 millones de euros, y que “impulsará la transformación digital, mejorará la conectividad en el territorio y formará a la ciudadanía en competencias digitales”.
Incluirá, entre otras medidas, una nueva convocatoria para llevar la banda ancha a los polígonos industriales de Aragón (4,9 millones), mejorar la conectividad en centros escolares y de referencia (4,2 millones), renovar las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios (1,8 millones), formar y capacitar digitalmente a la ciudadanía (4,1 millones) y emitir bonos digitales que aseguren una buena conexión a Internet a cerca de 2.500 familias y colectivos vulnerables (603.840 euros).
