La Plataforma de Salud Mental de Aragón ha presentado este martes un balance de las actuaciones realizadas en esta materia en la última legislatura y un decálogo de propuestas urgentes para la próxima legislatura. Entre estas, destacan con especial énfasis la creación de un registro de contenciones mecánicas -inmovilizar físicamente a un paciente durante horas utilizando algún mecanismo de sujeción-, un tema que consideran que, en muchas ocasiones, “vulnera la dignidad y los derechos humanos del paciente”.
“No solo es que sean un mecanismo habitual, es que ni siquiera sabemos cuántas se realizan al año”, destaca la psiquiatra y socia de la Plataforma, Carmen Ferrer, que ha pedido que se desarrolle la PNL impulsada la pasada legislatura en las Cortes de Aragón sobre restricciones físicas y el protocolo del IASS en esta materia. “Nosotros no decimos que haya que pasar de contenciones 100 a contenciones 0”, ha incidido Ferrer, que cree que la solución pasa por mejorar la relación entre sanitario y usuario, enfoques más empáticos respecto a la rehabilitación o técnicas de desescalada verbal.
Piden la anulación de la Orden de Coordinación y Organización Asistencial
Desde la Plataforma, además, piden una revisión profunda de los dos programas que regulan la Salud Mental en Aragón: el Plan de Salud Mental 2017-2021 y la Orden de Coordinación y Organización Asistencial fijada en el año 2018. Consideran que estos dos documentos son la demostración de que esta legislatura ha estado marcada por “la improvisación y la falta de previsión” en Salud Mental.
Sobre el Plan de Salud Mental señalan que posee “limitaciones, carencias e incluso errores de bulto” y echan en falta un estudio de necesidades, mayor concreción en los medios de cumplimentación de las acciones o contradicción presupuestaria en la formulación de las acciones. Además, también critican la estructura derivada de la Orden de Coordinación y piden estructuras más cercanas, que no dependan necesariamente del jefe de servicio del hospital de referencia.
Criticas a la rehabilitación psicosocial
Un tema que también han criticado es que esta última legislatura se ha ahondado en la concertación con centros privados, especialmente en los asuntos relacionados con la rehabilitación psicosocial y el tratamiento de pacientes con patología dual -combinación de enfermedad mental grave y adicción a sustancia estupefaciente- y por ello piden que se potencien los recursos de rehabilitación en la red pública. Además, piden que se eviten las derivaciones de pacientes con enfermedad mental grave a centros de rehabilitación psicosocial lejanos a su lugar de residencia.
En el escrito también incluyen otras reivindicaciones como publicar las listas de espera en salud mental en diversas unidades asistenciales, proponer alternativas a las incapacitaciones civiles, controlar el registro de usuarios con trastorno mental grave ingresados en residencias de mayores o reflexionar sobre las unidades de hospitalización de pacientes agudos. Sobre este último punto han señalado que pese a que en su momento se crearan con la mejor de las intenciones actualmente “no están adaptados a las necesidades del paciente” y pide que se conviertan en espacios “más acogedores y abiertos”.
La Plataforma de Salud Mental ya ha hecho llegar estas reivindicaciones al Justicia de Aragón y la remitirá próximamente a la Comisión de Sanidad las Cortes
