Cárcel para un empresario por estafar subvenciones para un falso proyecto en Motorland

La jueza ha prohibido al acusado solicitar subvenciones en los próximos seis años
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El juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado al empresario David M. F. como autor de un delito de fraude en subvenciones y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por la que deberá enfrentarse a cuatro años y medio de prisión por ambos delitos y el pago de multas por valor de 3.534.091 euros. El acusado creó una sociedad para diseñar un vehículo eléctrico en las instalaciones de Motorland que según la sentencia no llegó a ser real y por el que cobró más de un millón de euros de subvenciones públicas.

La sentencia considera probado que el acusado, empresario del sector inmobiliario, carente de experiencia en el sector, conocimientos, infraestructuras imprescindibles y la solvencia económica necesaria, constituyó una mercantil (Corporación Industrial Z Mobile), con el supuesto proyecto de diseñar, desarrollar y comercializar un vehículo mini-volumen de cinco puertas eléctrico.

Este hipotético proyecto pretendía, en una primera fase, el diseño, desarrollo y puesta a punto del prototipo, y en una segunda, la instalación de una cadena de montaje y producción.

Para ello, Corporación Industrial Z MOBILE compró a “Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A.” una parcela ubicada en el polígono industrial Technopark de Motorland en Alcañiz (Teruel). El siguiente paso fue presentar, ante distintas Administraciones Públicas, regionales y nacionales, su proyecto empresarial con una inversión subvencionable de 1.329.423,65 euros, que incluía, entre otras cosas, la compra de terrenos, la obra civil, la compra de maquinaria y asesoramientos.

Así, el acusado recibió del Instituto Aragonés de Fomento 70.667,16 euros en concepto de subvención y 300.000 euros de préstamo. Del Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón, una subvención de 108.763,54 euros. De Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa dos préstamos por valor de 565.227 y 500.000 euros y del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, una subvención de 221.038 euros.

Para justificar gastos ante los cuatro organismos el acusado confeccionó facturas falsas, presentó reiteradamente, a cada una de las cuatro administraciones públicas, las mismas facturas a sabiendas de que dichos gastos eran irreales, y creó una sociedad instrumental (Consultoría de Sociedades y Patrimonio SL ) a la que imputar de forma ficticia los gastos de la mercantil Z Mobile, dando así cobertura y apariencia de realidad al entramado.

Las inspecciones realizadas por las administraciones concedentes constataron que la nave ubicada en el polígono industrial Technopark se encontraba prácticamente vacía, que los equipos subvencionados no se encontraban en su totalidad en las instalaciones de la empresa y que en ella no se desarrollaba actividad productiva alguna.

Por todo ello se la he impuesto la sanción, y además, en concepto de responsabilidad civil, el empresario condenado deberá abonar 1.765.695 euros de los cuales 1.065.227 euros corresponden a la indemnización al Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y 700.468,7 euros para indemnizar a la Diputación General de Aragón (Instituto Aragonés de Fomento y Departamento de Industria Comercio y Turismo).

Estas cantidades se verán incrementadas en un 25% para satisfacer los intereses legales de las subvenciones y ayudas que se le concedieron (1.765.695,70 euros percibidos fraudulentamente según expresa la resolución judicial).

La juez le ha impuesto también como pena la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de seis años.

La sentencia dictada no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial del Teruel.