El macrojuicio contra Glovo que estaba previsto este lunes en el juzgado de lo social 5 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y en el que estaban citados 324 trabajadores se ha aplazado hasta el 27 de marzo. Se trata del primer juicio de oficio colectivo que se va a celebrar en España contra Glovo después de las actuaciones previas de la Inspección de Trabajo sobre la actividad de reparto y las características de la prestación de servicio.
La autoridad laboral estimó indicios de que la empresa estaba usando a los llamados “falsos autónomos” para llevar a cabo sus servicios en Zaragoza. La empresa, que opera en la capital aragonesa desde 2016, deberá hacer frente a finales de marzo no solo a las demandas de los propios trabajadores, sino a varias infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
El origen de esta suspensión se remonta a finales de septiembre cuando la empresa pidió que se oficiara a la agencia tributaria una prueba sobre los rendimientos que los trabajadores han recibido durante un periodo. Además solicitaron que la Tesorería General de la Seguridad Social aportara unas certificaciones sobre el alta y baja del régimen de autónomos de parte de los trabajadores afectados.
La titular del juzgado admitió una parte de estas demandas, en concreto desestimó los informes de la agencia tributaria argumentando que se vería a lo largo del juicio en la diligencia final.
Contra esa decisión que se adopta el pasado miércoles la empresa interpone un recurso oponiéndose y ese recurso, ha dicho el abogado de UGT, Bernardo García, “es lo que ha provocado gran parte de la suspensión porque ese recurso se ha notificado al resto de las partes pero hay seis abogados de oficio que no habían sido notificados y no habían tenido la oportunidad de oponerse”. Aun así, ha explicado, “desde UGT hemos propuesto que esa cuestión previa se ventilara de manera oral ya que la cuestión de la prueba no era necesaria pero la empresa se ha opuesto y la magistrada ha considerado que se suspendiera el señalamiento y hacer uno nuevo para el próximo mes de marzo desgraciadamente muy tarde”, ha lamentado.
En la otra parte, el director de Políticas Pública de Glovo, Miguel Ferrer, ha relatado antes del juicio que el modelo de trabajo autónomo “está adaptado a la normativa española elegido por una gran parte de los sectores económicos del país”. “Los repartidores nos eligen porque este modelo les permite organizarse y decidir cuándo y de qué forma quieren conectarse a la plataforma”, ha afirmado.
En este juicio, que acumula retraso desde 2017, hay más de 300 afectados. “Creo que las pruebas se podían haber pedido hace meses, se hace con la ley en la mano, pero esto ha provocado la suspensión”, ha argumentado el abogado del sindicato.
“Creo que la empresa pretende dilatar este procedimiento porque tiene menos posibilidades de articular su defensa ya que hay una actuación previa de la inspección en contraste con otros procedimientos individuales”, ha explicado aclarando que la magistrada “no había pedido ninguna prueba sino que han sido pedidas por la empresa”.
