La propuesta a futuro en la Comunidad es la creación de una Mesa de coordinación sobre la explotación y la trata laboral

UGT Aragón ha atendido en lo que va de año un total de 19 casos con 22 víctimas de explotación laboral. Según un informe sobre la explotación y trata con fines laborales del sindicato, en Aragón viven cerca de 3.000 personas bajo esta forma de explotación y alrededor de 167.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De los casos tratados en lo que va de año, el sindicato ha determinado que existe una prevalencia por víctimas de origen centroamericano, por las mujeres frente a los hombres y por sectores predominan la agricultura y ganadería y el empleo doméstico. Suelen ser personas en edad de trabajar, la mayoría jóvenes (18-35) y por provincias Zaragoza registra mayor número de estos delitos, con 15 casos, seguida de Hueca, con tres casos y Teruel con ninguno registrado. “El perfil es una persona extranjera, en muchos casos en situación irregular, con un riesgo severo de exclusión social”, ha apuntado el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera.

Respecto al tipo de empresas que cometen estos delitos hay tres perfiles. “Particulares que contratan generalmente a mujeres empleadas domésticas, pequeños negocios de construcción, hostelería y transporte y empresas de servicios a terceros, algunas ETT’s, y fundamentalmente de agricultura”, ha explicado Ranera.

Estos tipos de explotación se ejemplifican con salarios por debajo de lo estipulado o directamente inexistentes, jornadas laborales maratonianas, ausencia de contrato o incumplimiento del mismo, violaciones de normas de seguridad e higiene y tratos vejatorios o degradantes, según refleja el informe.

Uno de los 22 casos tramitados este año por el sindicato es el de Kevin, que con 21 años llegó desde Guatemala huyendo de extorsiones. Fue a parar a Murcia, allí le prometieron un trabajo a 5,50 euros la hora entre diez y doce horas al día con 30 minutos de descanso. Allí vivía en una habitación con diez trabajadores por la que pagaba entre 100 y 150 euros al mes. La suerte parecía que le llegaba cuando un día llegó la Policía a la finca. “Conseguimos que nos pagaran, pero eso sí, trabajábamos con los papeles de otra persona y los cheques estaba a nombre de esa otra persona. Le busqué, lo canjeó y no recibí nada de ese dinero”, ha relatado.

Su mujer estuvo trabajando durante tres meses como empleada del hogar, sin contrato y 40 horas a la semana de lunes a viernes. Le prometieron 500 euros aunque en realidad cobró en torno a 420 euros. “Necesitaba el dinero y no podía volver a Guatemala”, ha relatado. A ella también la extorsionaban.

Osman llegó desde Honduras hace un año. Tras dos meses de búsqueda de empleo sin resultado estuvo a punto de volverse pero él y su mujer consiguieron un trabajo de costureros. “Aceptamos entusiasmados”, ha relatado. “Nos prometieron nueve horas al día con una para comer pero en realidad eran doce horas en una habitación bajo llave y sin descanso”, ha dicho. Él y su mujer estuvieron un año en esta situación hasta que fueron conscientes de que no podían seguir así. “Fuimos a la Policía y nos recomendaron que fuéramos a Trabajo, eso hicimos, ellos recibieron una simple multa y nosotros llevamos desde entonces sin trabajo”, ha lamentado.

Por todo ello la propuesta a futuro en la Comunidad es la creación de una Mesa de coordinación sobre la explotación y la trata laboral en Aragón en la que estén presentes todos los agentes implicados.

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