Los agentes sociales han comparecido este lunes, de forma telemática, en la Comisión de Economía, Planificación y Empleo de las Cortes de Aragón. Allí, han mostrado su evidente preocupación por las consecuencias económicas que traerá a la Comunidad Autónoma el coronavirus, especialmente en cuanto al empleo. Cifran en 160.000 los trabajadores afectados totales por un ERTE en Aragón, siendo especialmente castigado el sector de la hostelería y el turismo.
El primero en comparecer ha sido el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, quien ha resaltado que esta pandemia está afectando a “muchísimos países” con los que España mantiene “flujos comerciales”, por lo que la vuelta a la actividad dependerá también de “las decisiones de otros países”. También ha lamentado las cifras que deja en Aragón, con 20.000 expedientes de regulación de empleo que pueden afectar a los citados 160.000 trabajadores. En este sentido, ha recordado que hay que unir que según los datos de Seguridad Social de marzo se han destruido ya un total de 23.000 empleos.
Alastuey considera que “hacen falta más medidas”, ya que no son suficientes, perseverando en tres aspectos: en primer lugar la salud; en segundo, ”mantener las ayudas a las empresas para que no desaparezcan”; y, en tercero, “seguir protegiendo a los colectivos desprotegidos, aunque dependa más del Gobierno de España”, valorando eso sí “sumamente acertada” la renta mínima garantizada propuesta.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Manuel Pina, también ha resaltado que en la crisis sanitaria “es fundamental atender a los servicios esenciales que están haciendo funcionar la sociedad” durante la pandemia. En segundo lugar, ha destacado que el objetivo es “intentar proteger lo más posible los empleos y empresas” y que cuando se reinicie la actividad económica “se hayan perdido las mínimas empresas y empleos posibles”, además de que sería bueno “detectar colectivos que no han tenido la suficiente protección”.
Pina ha reconocido que “no van a servir medidas generalistas” en la desescalada y que van a tener que ir haciendo “una especie de menú de ayuda”. En este capítulo, ha admitido que “el turismo va a tener que tener una clara ayuda específica, de la misma manera que el comercio o el ocio”, apuntado a “priorizar recursos y ver de dónde viene la financiación”.
El tercer compareciente ha sido el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita, quien ha mostrado su preocupación por la situación que viven las pymes, considerando que “la debilidad congénita de su tejido empresarial agrava la situación y su posible salida” de la crisis. En este sentido, ha recordado que se han tomado medidas como los ERTE o aplazar el pago de determinados impuestos, pero “no se han tomado medidas para paliar la tremenda losa que suponen los pagos habituales”.
López de Hita ha señalado como clave “fomentar el consumo, porque lo contrario será que se arruinen sectores tan importantes como el turismo, la hostelería o la restauración, y que no puedan continuar”. Tampoco se ha olvidado de otro sector: “Aún no he oído el enunciado de medidas que apoyen a un sector tan importante como la cultura, no solo en lo económico, sino en la dinamización de la vida social como la cultura en su más amplio espectro”, ha remarcado.
Por último, el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha criticado las medidas tomadas desde el Gobierno de España y alabado la actitud de la DGA, que ha estado “en total y permanente contacto con los agentes sociales y con una implicación total por parte del presidente Lambán y de los consejeros para tratar de flexibilizar, adaptar y ver cómo la normativa estatal podría adaptarse al caso de Aragón, o buscar alternativas para minimizar los efectos de la crisis”.
En este aspecto, Mur ha mostrado su preocupación por ver “cuándo los trabajadores implicados en un ERTE van a recibir la prestación” porque eso puede “generar tensión en las economías familiares”. También ha lamentado que haya sectores como la hostelería que “lo van a tener muy difícil y no saben si podrán volver”, calculando que el 90% de los ERTE presentados corresponden “al sector servicios”.
