La reforma de La Romareda, uno de los proyectos estrella en el actual equipo de gobierno zaragozano, ha quedado relegado a un segundo o incluso tercer plano. En plena crisis tras declararse la pandemia, es un asunto que ni siquiera ha aparecido en la última comisión. Según ha informado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, La Romareda “no es una prioridad”.
“Ha quedado bastante claro en qué situación estamos en este momento. Desde luego, lo urgente y lo prioritario en estos momentos es salvar vidas y salvar la economía de los zaragozanos”, ha asegurado el consejero. Sin embargo, el portavoz popular ha querido remarcar que se trata de una posición temporal. “En estos momentos”, ha subrayado en varias ocasiones.
La vista, por tanto está puesta en otras cuestiones. Una de ellas es un nuevo uso para los locales vacíos. Eso sí, “sin favorecer la burbuja inmobiliaria o la infravivienda en ellos”, ha asegurado Serrano en su exposición. Se va a trabajar en nuevos usos y nuevas actividades en ellos, pero se deberá tener en cuenta que las comunidades de propietarios deben “decidir y opinar”. Los locales a los que hacen referencia son los da planta baja, no a las empresas. En temas de construcción, se tratará de dar soluciones y agilizar procedimientos para lograr una simplificación administrativa.
Otros proyectos del gobierno zaragozano es que la ciudad se amolde a sus ciudadanos, un planteamiento urbanístico y una arquitectura que pase por la salud de las personas o una movilidad más individual. Otra de las ideas es “invertir en una ciudad sostenible en lo sanitario y que genere recursos”. Se está trabajando en la implantación de nuevas placas solares además de las que ya se habían acordado implantar.
115 millones en cinco años
Horacio Royo, concejal del PSOE ha propuesto llevar a cabo un plan de inversión de 115 millones en cinco años llevado a cabo por Zaragoza Vivienda. Se llevaría a cabo con financiación externa. El esfuerzo inversor del consistorio pasaría por invertir 11,5 millones de euros anuales, lo que ha asegurado que supone el 1,5% de los ingresos del Ayuntamiento.