La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) va a llevar al grupo de Zaragoza en Común (ZeC) ante la Fiscalía por lo que han considerado un presunto delito de injurias contra las empleadas y los empleados públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. El motivo de esta denuncia remite a una moción de ZeC, en la que su portavoz, Pedro Santisteve, afirmaba que “los vecinos de esta ciudad sufren discriminación por su raza, color u origen, ejercido también por y desde las instituciones”.
En el texto, Santisteve afirma que “los discursos de los representantes y la utilización pública con fines electoralistas de los discursos xenófobos; las conductas discriminatorias de los funcionarios que representan la Ley y el Estado, como policía y funcionarios de extranjería; las medidas, regulaciones, leyes y decretos que limitan los derechos sociales, políticos y económicos de las personas según su lugar de nacimiento en el ámbito social, sanitario y educativo son claros ejemplos de Racismo Institucional”.
El portavoz de ZeC también apelaba a la identificación y el registro de personas y vehículos en lugares públicos. Un acto que para él constituye “un procedimiento de actuación policial que afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en los artículos 18.1 y 10.1 de la Constitución y, de forma directa, al derecho a la intimidad personal, tal y como señala el Tribunal Constitucional en sentencia 37/1989, de 15 de febrero, que considera la intimidad corporal como una parte de la intimidad personal”.
Ante estas declaraciones, CSIF ha concluido que lo recogido en su moción plenaria no puede ampararse en los criterios de libertad de expresión, sino que se trata de “un mensaje con un claro ánimo lesivo a la honorabilidad de las instituciones del Ayuntamiento de Zaragoza, en los ámbitos sociales, educativos, sanitarios y policiales y, por ende, al propio Estado de Derecho”. Este hecho, de acuerdo con el sindicato, puede tener una capacidad de influencia suficiente en la opinión pública y sin ninguna aportación concreta que avale sus graves acusaciones públicas.
Los miembros de los colectivos aludidos integrantes del Ayuntamiento de Zaragoza por su pertenencia a este grupo determinado, en tanto que se sitúan como sujetos pasivos de la acción y ven lesionada su protección de los bienes jurídicos tutelados del honor, dignidad y no discriminación, CSIF considera que se han producido “actos de menosprecio, descrédito y atentado contra la dignidad de los trabajadores municipales, a la vez que pueden producir un riesgo o peligro para los mismos”, ante estas afirmaciones.
Los sindicatos han recordado que Zaragoza en Común ya gobernó durante la pasada legislatura, con Pedro Santiesteve como alcalde, siendo el máximo responsable de los empleados municipales de los que, ahora, asevera que actúan de una manera xenófoba y discriminatoria. De ser así, en CSIF se preguntan qué sucedió durante este período si ahora se asegura la instauración del racismo en las actuaciones de la administración local.
“Estas acusaciones son intolerables, no podemos dejar pasar por alto que se acuse a la plantilla municipal, poniendo en duda su neutralidad y profesionalidad, aseverando que actúan orientados por un racismo institucional”, han sentenciado.
