Las trabajadoras de comedores escolares y universitarios en Aragón se concentrarán frente al Departamento de Educación el próximo miércoles 30 de septiembre para exigir unas condiciones justas en sus trabajos. Las monitoras, auxiliares de cocina y camareras universitarias, de la mano de CCOO, denuncian que desde la consejería se ha hecho caso omiso de la petición de ayudas al sector, además de señalar una acuciante falta de recursos, espacios y que, con las mismas plantillas que el año pasado, e incluso reducidas en algunos casos, es imposible asumir la carga de trabajo que conlleva el cumplimiento de protocolos Covid-19.
Desde CCOO resumen que, ante el inicio del curso y la apertura de comedores escolares, “nos hemos encontrado con comedores y cocinas, cerradas desde marzo, en las que no se había hecho ni un mínimo de mantenimiento”. Aparte, “también hay unas reducciones de jornada para los trabajadores desproporcionadas con respecto a la bajada del número de niños; tampoco se ha tenido en cuenta el tiempo de desinfección de los espacios entre diferentes grupos de niños; y hay casos de trabajadores fijos discontinuos a los que ni siquiera se ha llamado para trabajar de vuelta”, ha esgrimido la responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Carmina Ramos. Por todo ello, desde el sindicato han convocado la concentración junto a OSTA y UGT.
Ana Pérez es auxiliar de cocina en un colegio concertado de Zaragoza. Al volver al trabajo, se ha encontrado con el comedor y la cocina en la misma situación que estaba en marzo, antes de su cierre. “Cuando volvimos, nos dijeron que nos reducían la jornada”, comenta Pérez, a lo que añade que “el número de niños ha descendido en un 30% pero a nosotras nos han bajado de ocho a tres horas de trabajo”. “Si no nos dan tiempo material para desarrollar nuestro trabajo, es imposible”, lamenta la trabajadora. La empresa se niega a negociar ni cambiar el horario de sus trabajadoras en el comedor.
El caso de las monitoras de comedor no es muy dispar al de sus compañeras en cocina. Carmen Ruiz, delegada de CCOO, es también monitora de comedor y denuncia que “la vuelta a la acción de los comedores escolares ha sido llevada sin planes de contingencia”, con las monitoras desbordadas por las ratios de alumnos y sin EPI en condiciones para ejercer su trabajo de manera segura. “Sólo tenemos una bata, sin recambio, y no podemos usar guantes ni lavarnos las manos ya que no tenemos lavabos cerca donde hacerlo”, esgrime Ruiz.
En Aragón hay alrededor de 1.200 monitoras de comedor en los centros públicos, de los que “un 60% de la plantilla no está trabajando, sino a la expectativa de ser llamada”. Con respecto a las ratios óptimas de trabajo, Ruiz explica que para comedor infantil se han mantenido las que ya tenían antes de la pandemia, sin cambios ni regulaciones. “En infantil, una monitora puede estar hasta con 22 niños y hasta que no tiene 23, no ponen una trabajadora más”, comenta Ruiz. En Primaria es el mismo caso, donde una monitora puede llegar a vigilar hasta a 33 alumnos. La delegada de CCOO contempla con respecto a las ratios que lo óptimo sería poder mantener el llamado “espacio burbuja”, donde una monitora se ocupase de un número de alumnos más bajo y no hubiera cambios de grupo.
Cafeterías de universidad cerradas
Por otro lado, las cafeterías de todas las universidades de Zaragoza se encuentran cerradas. En algunos casos, la salida a licitación ha quedado desierta al no presentarse ninguna empresa para contrato “dado el alto canon exigido por la universidad”, según ha comentado Carmina Ramos. En otros casos, las empresas que ya tenían contratos con la universidad no los han renovado por la misma causa.
Vanesa Calleja, camarera de la cafetería del edificio Betancourt, denuncia que “nos hemos encontrado en la calle ante la falta de acuerdo entre universidad y empresa”. Según la trabajadora, la universidad es la que se niega a bajar el canon de entrada para el contrato de cafetería y, ante la situación de precariedad, “no nos queda otra que denunciar”. Por su parte, Calleja explica que algunas facultades sí han intentado reducir el canon, pero sigue resultando excesivamente alto.
La situación de no acuerdo entre universidad y empresas ha dejado a un centenar de personas en la calle.
