El Partido Popular llevará al próximo pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a entregar la parte pendiente del IVA de 2017 a las comunidades. En el caso de Aragón, el diputado popular por Zaragoza Eloy Suárez ha calculado que se tratarían de unos 80 millones de euros.
La PNL llegará a la Cámara después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia en la que reconocía a la Comunidad de Castilla y León su derecho a recibir esta cantidad que el Estado le adeudaba. Así, los populares buscan que esta decisión se extienda al resto de autonomías sin la necesidad de que sea la justicia la que lo siga imponiendo.
Esta cantidad que las comunidades reclaman al Estado tiene su origen en el cambio de un nuevo sistema de gestión del IVA en 2017. El llamado Suministro Inmediato de Información (SII) buscaba agilizar los trámites para que las empresas declararan este tributo. Sin embargo, más allá de este efecto, el nuevo sistema también provocó un desfase en la declaración del IVA, que hizo que en 2017 diciembre quedara fuera y solo se contabilizaran once meses de ejercicio. Es la parte del IVA correspondiente a ese mes el que el PP sigue reclamando para las autonomías.
“En estos momentos el Gobierno de Sánchez tiene un dinero que no es suyo”, ha explicado Eloy Suárez, quien ha aludido a esa sentencia favorable del TS para pedir a Pedro Sánchez que recapacite y entregue ese dinero a las comunidades. Para gestionarlo, el popular ha propuesto la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal entre Gobierno de España y comunidades.
A este consejo acudiría Javier Lambán, como presidente de Aragón, al que Suárez ha recordado sus palabras de febrero de 2020 en las que dijo que “se iba a estudiar una reclamación” de este dinero. “No sé donde han quedado esos estudios, porque al final este Gobierno autonómico se mueve siempre en el cálculo electoral y en la estrategia de enfrentarse al Gobierno de Madrid, pero poco”, ha lamentado el diputado popular.
El texto de la PNL que el PP llevará al Pleno del Congreso ataca también al Gobierno de Sánchez, del que señala su “tozudez” en impedir que este conflicto se resuelva “al margen de los tribunales”, pidiendo así que el Ejecutivo evite “la judicialización de una cuestión tan evidente” como esta.