El Ministerio de Transición Ecológica continúa avanzando en los trámites previos a sacar a subasta los 1.300 megavatios de energías renovables que quedaban pendientes de adjudicar tras el cierre de la Central Térmica de Andorra. Moncloa ya ha sacado a información pública el concurso para su adjudicación, que pondrá especial atención a la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.
Por el momento, Endesa es la única que ya ha presentado un proyecto que cumpliría los requisitos del concurso, aunque no se descartan otras pujas. Enmarcado dentro de su plan Futur-e, esta tercera y última fase se iniciaría en mayo de 2023 y finalizaría a principios de 2026, construyendo 1.300 MW de potencia fotovoltaica, 90 MW de energía eólica y 105 MW de almacenamiento en baterías. La potencia asociada a estas fases se construiría en terrenos de los términos municipales de Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Calanda e Híjar.
Con esta orden, el Gobierno central cumple su compromiso de que el Convenio de Transición Justa de Andorra-Comarcas Mineras (Teruel) sea el primero en desarrollarse. Contará con este instrumento legal que permitirá la concesión de una capacidad de acceso a la red eléctrica otorgable de hasta 1,3 gigavatios, superior a la potencia que tenía la Central Térmica. “Esta importante capacidad ejercerá un efecto tractor sobre otras iniciativas propuestas por los agentes económicos y sociales de la zona y que han sido canalizadas a través del proceso de participación pública realizado en junio del pasado año”, exponen desde el Ministerio.
Tras conocer esta publicación, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha resaltado que se trata de una “importante y esperada” noticia para Aragón y para su desarrollo porque “se ha demostrado que la descarbonización genera oportunidades para revitalizar la economía”. Para Aliaga, “el desarrollo de la adjudicación de los megavatios de Andorra y, sobre todo, que se hayan incluido los 34 municipios, como habíamos reclamado desde Aragón, supone abrir una serie de importantes oportunidades, tanto empresariales como sociales y medioambientales para estas localidades, porque estas oportunidades vendrán acompañadas de la creación de empleo y de la diversificación empresarial, fundamentales para el desarrollo del territorio y en la lucha contra la despoblación”.
En cuanto a los criterios de adjudicación, se busca optimizar las inversiones en generación renovable en el territorio del convenio enmarcado en los objetivos de la Estrategia de Transición Justa y del Reto Demográfico, de forma que puedan ser valorados de forma objetiva y transparente. Se trata de criterios innovadores que han sido desarrollados específicamente para cumplir estos objetivos y que se replicarán en próximos concursos en nudos de transición justa, con los que se pretende dar soluciones especiales a estos territorios afectados por la transición energética.
También se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales y se valorará la existencia de planes socioeconómicos asociados, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, de promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona o la promoción de comunidades energéticas. Se tendrán en cuenta los ingresos que se generarán tanto en el municipio afectado por el cierre como en los municipios de su zona de influencia. El proyecto deberá minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de “no causar un perjuicio significativo”, recogido en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se comprobará su madurez y, de forma específica, las inversiones previstas y su planificación, viabilidad técnica, económica y jurídica, así como su innovación.
