El Gobierno de Aragón, desde la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha presentado este lunes al Consejo Local ampliado –del que forma parte la FAMCP, las diputaciones provinciales y las tres capitales- el anteproyecto de ley de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad. Es un texto que comenzó en febrero de 2020 nada más terminar la borrasca Gloria, motivo por el que desde la Administración vieron necesario impulsar una ley para prevenir problemas ante fenómenos meteorológicos adversos. “Daremos unos 15 días para que el Consejo Local nos plantee propuestas y mejoras para poder llevarlo al Consejo de Gobierno que tendrá lugar a finales de agosto”, ha adelantado la consejera del ramo, Mayte Pérez.
Entre las novedades más destacadas, se encuentra la creación de un sistema integral de protección civil y emergencias, el establecimiento de una declaración de emergencia integral en la que el mando único pasa a ser del presidente del Gobierno autonómico para coordinar todas las acciones vinculadas a dicha gestión. Además, se incorporan también a las provincias los operativos de bomberos.
“Había una necesidad evidente de elaborar una estrategia de protección civil porque partimos de una ley de hace muchos años (2002) que se ha quedado superada por los acontecimientos”, ha expuesto Pérez. Asimismo, la ley pretende incluir una red de información de prevención de alertas de alarmas a la ciudadanía para mantener a la gente advertida. Otra de las integraciones es que los municipios de más de 10.000 habitantes deberán tener su propio plan de protección civil, algo que actualmente solo se exige a aquellas localidades con más de 20.000 vecinos. A esto se añade también la incorporación en la ley de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcales (Ucocal) como un órgano más.
Según la consejera, este es “uno de los proyectos de ley más importantes de la legislatura y tenemos que estar preparados para cualquier posible emergencia”. Por esta razón, desde el departamento pretenden aprobar el anteproyecto a finales de agosto, y después se procederá a un trámite de participación pública. La colaboración ciudadana resulta “fundamental” porque la cultura de la protección civil, de la prevención y de la anticipación “interpelan a todo el conjunto social”.
Tras este proceso participativo, habrá un periodo de entre seis y nueve meses para aprobarla, así que la DGA estima que pueda sacarse adelante hacia el último periodo de sesiones del año 2022. En última instancia, Pérez ha manifestado que las emergencias “no entienden de límites territoriales ni competenciales”. “Esta ley quiere unificar protocolos para saber lo que tenemos que hacer en momentos críticos”, ha concluido.
