La reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) ha vivido en la sesión plenaria de este martes un momento clave después de más de medio año de punto muerto en el Parlamento autonómico y la controversia generada. Las formaciones que sustentan el cuatripartito aragonés, además de Ciudadanos, han adelantado su voto a favor del proyecto de ley de regulación del nuevo Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que incorpora una rebaja del 9,2% en el tramo fijo y del que saldrán beneficiados el 95% de los usuarios domésticos. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, Joaquín Olona, que ha añadido que el nuevo impuesto supondrá una reducción de 5,7 millones de euros para las arcas públicas de la Comunidad.
A partir de este momento se abrirá un periodo de audiencias legislativas -y de enmiendas- en el que los colectivos interesados podrán mostrar su postura. La idea es que pudiera entrar en vigor en 2022. Con casi total seguridad, una de las asociaciones implicadas será la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), que ya rechazó esta propuesta creyendo que atendía a un cambio de nombre que “no soluciona el problema”.
El propio consejero ha aclarado que la reforma del ICA pretende ser de carácter tributario, una reforma “en base al compromiso y los criterios adoptados en el seno del Gobierno de Aragón”. “El proyecto de ley del IMAR trata de reformar el ICA, no crea un nuevo impuesto”, ha distinguido. Asimismo, ha remarcado que se limita al saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, respetando siempre la autonomía local e incluyendo un régimen de exenciones, “pero mejorando la simplificación”. “Quedan sin tributación los usos conectados a poblaciones de menos de 20 habitantes”, ha expuesto.
Rechazo de PP y Vox
El PP ha salido a la ofensiva exponiendo que el único pretexto para el nuevo impuesto debería ser la protección del medio ambiente, pero “se verá eclipsado por el afán recaudatorio del Ejecutivo de Lambán”. El diputado Ramón Celma ha esgrimido que “Aragón continúa siendo la autonomía que más paga en impuestos de estas características”, lo que conduce al “aumento de la falta de competitividad fiscal aragonesa”. A esto ha respondido el socialista Óscar Galeano, recordando a los populares que “es triste que ahora se alejen de los intereses que expresaba Antonio Suárez en su momento. Ustedes plantearon este impuesto y se aprobó por su iniciativa, señor Celma”.
Desde Vox, su portavoz Santiago Morón también ha asegurado que votarán en contra porque “algunos puntos resultan inasumibles”. A pesar de reconocer que existe una necesidad de abordar tributos en el ámbito de las aguas residuales para ir en la línea del marco del Pacto del Agua, “esta reforma penaliza a las familias numerosas y perjudica a la industria”.
Por su parte, el parlamentario de Cs Javier Martínez confía en la DGA a la hora de ayudar y cuidar el medio ambiente bajando impuestos. No obstante, ha solicitado una campaña “para explicar correctamente la nueva reforma”. Asimismo, desde la formación naranja piden una reducción de los impuestos para todos los aragoneses, “más de los 5,7 millones que ha comentado usted, señor Olona”. “Por debajo de los diez millones va a resultar complicado, pero podemos hacer ajustes y solucionar cuestiones para que salga adelante”, ha concluido.
Acuerdo en el cuatripartito
Además, tanto el PAR como CHA y Podemos han coincidido en que la rebaja en las facturas que se rigen por consumos medios ayuda a estar más cerca de la igualdad tributaria en Aragón. “Tener en cuenta la tasa de población o habitantes denota una sensibilidad hacia los territorios y municipios menos poblados de nuestra Comunidad”, ha acentuado Esther Peirat. Mientras, desde CHA Joaquín Palacín considera “imprescindible” compaginar la normativa con el desarrollo de planes medioambientales relacionados con la gestión y distribución del agua de manera sostenible. Y del lado de Podemos, Nacho Escartín ha subrayado que Aragón es una de las pocas autonomías con un modelo de depuración adaptado a las normativas europeas. “Buscamos eficiencia y sostenibilidad, así como recuperar los costes ambientales y de los servicios del agua o la equidad tributaria”, ha defendido.
En última instancia, desde el PSOE Galeano ha incidido en la necesidad de poner el foco sobre la calidad del agua, el ahorro en el consumo, el cuidado de los ecosistemas de masas de agua, la recuperación de los costes o la inclusión de la tarifa social. “Este tipo de intervenciones públicas sobre la regulación medioambiental resultan fundamentales para poder avanzar hacia modelos más sostenibles”, ha expresado.