El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, como paso previo a su remisión a las Cortes para su debate. La ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados agrarios, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que aseguren su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.
Desde el Gobierno consideran que es imprescindible proteger la agricultura familiar porque está en “grave peligro”, según ha explicado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, este miércoles. Además, ha destacado que es una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación: “Para que nuestros pueblos sigan siéndolo es imprescindible mantener la agricultura y la ganadería en general, sino el modelo familiar en particular”. Esta es una cuestión “absolutamente determinante” y la “razón fundamental” de esta ley, ha señalado Olona.
El proyecto de ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años. La PAC “no es una cuestión que el Gobierno de Aragón pueda regular con una ley, sino que nos viene dada”, ha explicado Joaquín Olona, pero ha añadido que todo lo que viene como consecuencia de la PAC y que sí depende del Gobierno de Aragón, como lo citado anteriormente, “pretendemos blindarlo con esta ley”.
Actualización de los enfoques de las políticas públicas agrarias
El proyecto es uno de los más ambiciosos que han presentado durante esta legislatura en materia agraria, ya que plantea una actualización muy significativa en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas en su conjunto hacia el modelo de agricultura familiar, pero también, incidiendo de forma notable en la adaptación del marco normativo a la realidad social del sector, así como al aseguramiento de la sostenibilidad económica y ambiental de las producciones, en línea con las sensibilidades y requerimientos del resto de los ciudadanos hacia este sector.
Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, con la intención de que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.
Y, finalmente, modifica la estrategia de gestión del importante Patrimonio Agrario propiedad de la Comunidad Autónoma, preservando la propiedad pública del mismo a modo de banco de tierras y estableciendo procedimientos ágiles que le hagan contribuir de manera eficaz a la incorporación de jóvenes al sector y al incremento de la renta agraria, fomentando la creación y consolidación de explotaciones vinculadas al modelo de agricultura familiar social y económicamente viables.
Modelo de agricultura familiar
La agricultura familiar ha venido siendo el modelo socioeconómico sobre el que se ha basado tradicionalmente la producción primaria de alimentos en Aragón, configurándose como un vínculo indispensable entre el sector primario, la vertebración del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento del paisaje y valores ambientales fruto de la interacción secular entre agricultura, ganadería y el propio medio físico.
Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector primario, está situando a este tipo de explotaciones en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos. Las consecuencias de esto es que en los últimos años se está produciendo una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras del sector. De hecho, la fracción de Renta agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza ya, en Aragón, apenas el 20% de la Renta Agraria total.
Además, otro de los motivos principales de sacar adelante esta ley son los más de 1.500 jóvenes que se han incorporado en los últimos cinco años a este modelo de agricultura, al familiar. Por tanto, ha apuntado Olona, “seamos consecuentes. Si los jóvenes están apostando y los estamos apoyando para que se incorporen al modelo familiar, debemos proteger este modelo seriamente amenazado”.
La inexistencia de un sistema de identificación y de criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar ha impedido hasta ahora, efectuar un seguimiento de la misma y, sobre todo, ha impedido lograr un apoyo público más eficaz y específico hacia este tipo de agricultura. Todo lo cual pone en riesgo de pervivencia, no únicamente el modelo familiar agrario en sí mismo, sino también aquellos bienes públicos que de él se derivan como el mantenimiento de población en el territorio, el medio ambiente, el paisaje y la propia cultura rurales.
