Los ciberdelitos se multiplican en Aragón con las estafas informáticas coronando la lista

Los más frecuentes fueron los de fraude informático (6.970 en la Comunidad, un 89% del total)
photo_camera Los más frecuentes fueron los de fraude informático (6.970 en la Comunidad, un 89% del total)

Policía Nacional y Guardia Civil han registrado en Aragón 7.826 de delitos cibernéticos este 2020, un 34% más que en el año anterior (5.163). No obstante, siguen representando solo el 2,7% de los ciberdelitos a nivel nacional. En el resto del país se comunicaron 287.963 ilícitos de esta índole, un incremento del 31,9 respecto a 2019.

Los más frecuentes fueron los de fraude informático (6.970 en la Comunidad, un 89% del total); seguidos a mucha distancia de los que tuvieron que ver con amenazas y coacciones (355); falsificación informática (225), acceso e interceptación ilícita (134), los que se denunciaron contra el honor (54) o los delitos sexuales (36).

La mayoría de los ciberdelitos investigados fueron en la provincia de Zaragoza (6.057), seguida de Huesca (1.240) y Teruel (529).

Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En el conjunto de España, en 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6 por ciento del total de los delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3 por ciento.

Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

También a nivel nacional, del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento.

PERFIL DE LOS DELINCUENTES Y ÁMBITOS GEOGRÁFICOS

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.

Plan estratégico contra la cibercriminalidad

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e Incibe-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (Cnpic), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.