Los ayuntamientos de Aragón contarán con 1,8 millones de euros para adquirir viviendas de alquiler social

El objetivo no solo es ayudar a las familias que lo necesiten, sino también luchar contra la despoblación que sufren los pueblos
photo_camera El objetivo no solo es ayudar a las familias que lo necesiten, sino también luchar contra la despoblación que sufren los pueblos

Un total de 1,8 millones de euros se van a destinar en forma de subvenciones a los ayuntamientos de Aragón para que puedan adquirir viviendas para el alquiler social. Se espera que con este dinero se puedan comprar alrededor de 30 o 40 casas y pisos repartidos por todo el territorio, aunque especialmente en el medio rural. El objetivo no solo es ayudar a las familias que lo necesiten, sino también luchar contra la despoblación que sufren los pueblos.

Esta convocatoria se publicará mañana viernes en el Boletín Oficial de Aragón y ha sido impulsada por el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno autonómico. El plazo para la presentación de solicitudes empezará este sábado 2 de octubre y tendrá una duración de un mes. Todos los ayuntamientos aragoneses pueden pedir esta subvención para comprar vivienda en sus municipios.

Para evitar la exclusión de los pueblos más pequeños y que tengan las mismas oportunidades que el resto, aquellas localidades que tengan más de 5.000 habitantes solo podrán adquirir cuatro inmuebles. Aunque una vez esté repartido el dinero de las ayudas, si ha sobrado saldo sí que podría repartirse entre estos municipios más grandes en caso de que quisieran comprar más de cuatro casas. “De este modo evitamos que los ayuntamientos más pequeños se queden sin acceso a las ayudas”, ha apuntado el consejero de Vertebración, José Luis Soro, este jueves.

Requisitos para acceder a las ayudas

Los consistorios podrán obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado y, en cualquier caso, la cuantía máxima no podrá superar el 60% del coste de adquisición, tal y como ha explicado el consejero.

Las viviendas que se adquieran deberán ser incorporadas al patrimonio municipal y destinarse al alquiler social o asequible por un periodo mínimo de 25 años. Los domicilios “deberán estar dentro del término municipal de cada pueblo, encontrarse en condiciones de ser ocupados de forma inmediata y cumplir con todos los requisitos de habitabilidad exigibles”, ha explicado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa. También se pueden adquirir aquellas que requieran obras de adecuación que no supongan una inversión superior a 6.000 euros.

Estos hogares estarán destinados a unidades de convivencia suyos ingresos no superen 1.694,7 euros al mes, con excepciones como la de familia numerosa o con personas con discapacidad, entonces no podrán excederse los 2.259,6 euros al mes. Por otro lado, la renta de alquiler no podrá incrementarse en los primeros tres años.

Se espera resolver la convocatoria antes de que finalice el año mediante concurrencia competitiva. El pago de las ayudas se repartirá con carácter previo, es decir, antes de que se hayan adquirido las viviendas, pero siempre condicionado a la posterior firma de la escritura de compraventa. Además, la convocatoria podrá servir tanto para que los ayuntamientos financien esa parte de la futura compra de viviendas como para financiar domicilios que ya han comprado desde el 1 de enero de 2021.

Otros 2,3 millones de euros para la adquisición de pisos en la Comarca Central

Esta convocatoria se suma a la que se anunció el pasado lunes 27 de septiembre en la que se destinará un total de 2,3 millones de euros que servirá para comprar viviendas para el alquiler social en Zaragoza y su área metropolitana. El consejero José Luis Soro ha destacado que “damos un paso más en materia de vivienda social, en la búsqueda de soluciones habitacionales para los casos más urgentes”. Se trata de una medida que se une a otras como las ayudas al alquiler y que servirá para aumentar el parque de vivienda social existente en estos momentos.

Los fondos se destinarán a viviendas que tengan, como mínimo, 55 metros cuadrados y se priorizará aquellas de dos o más habitaciones “tenemos un déficit de viviendas para atender a las familias más numerosas” ha explicado Soro.

En estos momentos, el Gobierno de Aragón cuenta con 298 viviendas patrimoniales que tiene en alquiler y gestiona 317 viviendas más dentro de la Bolsa de Alquiler Social. Durante los últimos años, y ante el incremento de situaciones de desahucio, no se ha podido atender las solicitudes de la Bolsa dando prioridad a los casos urgentes en los que era necesario dar respuesta habitacional. En este sentido, en los últimos tres años se han tramitado un total de 76 desahucios.