Diferentes representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa) han denunciado este martes, del mismo modo que vienen haciendo a través de movilizaciones, el abuso de la contratación temporal que sufren actualmente más de 20.000 interinos en la Comunidad. “A día de hoy, hay cotas vergonzosas que rondan incluso el 50% en Aragón, siendo una de las comunidades en cabeza con una cifra tan alta”, lamentan. Del total, el mayor porcentaje lo acumulan los profesionales del ámbito sanitario (53%), mientras que en torno al 47% trabaja en el sector administrativo y el 40% en el campo de la docencia.
“La mayoría de los trabajadores tiene una experiencia en el sector público que supera ampliamente los tres años que el Tribunal Supremo marca como abuso”, remarca una de los miembros del Secretariado de Stepa, María Pilar Remírez. Además, la edad media de estos profesionales se sitúa en torno a los 50 años, con cerca de un 70% de representación femenina. Para el sindicato, no hay derecho a que se produzcan este tipo de situaciones porque “estas personas accedieron a la Administración de acuerdo a los procesos selectivos de la misma”.
En este contexto, hacen hincapié en la “clara discriminación” existente entre sector público y privado. “Se utilizan nombramientos y contratos temporales para cubrir puestos estructurales”, resalta Remírez. En referencia al 50% de abuso de temporalidad presente en la región aragonesa, critican que está “muy por encima” del máximo recomendado establecido tan solo en el 8%.
Por otra parte, desde Stepa señalan que el hecho de defender la estabilización no se traduce en “estar en contra de las oposiciones”. “El acceso libre debe aumentar y cabemos todos porque en cinco años se va a jubilar el 50% de la plantilla”, aclaran.
Responsabilidad del Gobierno de Aragón
A juicio de Stepa, tanto el Ejecutivo autonómico como las Cortes tienen la responsabilidad y obligación de proporcionar una solución “digna y viable” destinada a todo el personal que se encuentra en esta situación. En este sentido, han recordado que el pasado 20 de mayo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se comprometió a hacer un mapeo del personal público que se encuentra en abuso por temporalidad, pero “aún lo estamos esperando”.
También solicitan que la proposición no de ley presentada por la formación parlamentaria de Ciudadanos sea apoyada mayoritariamente y se plasme en una legislación que logre estabilizar al personal abusado. Esa PNL recogía, entre otros propósitos, publicar un listado del personal temporal en abuso, excluir las plazas afectadas por abuso de temporalidad de las ofertas de empleo público y paralizar los despidos y ceses de aquel personal en situación de abuso.
“Apelamos por la fijeza porque es un derecho”, sostienen desde el sindicato, considerando que lo desarrollado hasta el momento por su parte ha supuesto “un paso adelante hacia nuestro objetivo. Siempre hemos defendido el cumplimiento de la ley”. Además, a diferencia de otros sindicatos como CCOO, UGT y CSIF, que “han firmado acuerdos en contra de la ley”, Stepa cree estar haciendo historia porque “conquistamos derechos desde la base”. “El derecho comunitario de primacía es el que manda”, concluyen en su comparecencia.
