El magistrado de Instrucción Nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha decretado al mediodía de este miércoles la libertad provisional de los seis miembros de la banda Dominican Don’t Play (DDP) en prisión provisional desde el momento de su detención por su posible autoría en una violación grupal a una joven.
A la petición de libertad, solicitada por los abogados de los investigados, se une el informe favorable del Fiscal, única acusación en el caso. La petición de libertad de todas las partes se ha producido después de la declaración de la víctima realizada el 25 de octubre ante el juez.
En el auto dictado en este día, el juez fundamenta su decisión en que la jurisprudencia establece para el delito de agresión sexual que para decretar el ingreso en prisión de los investigados debe de haber “motivos suficientes” para considerar responsables a los encausados y la prueba sobre la que se sustenta la acusación reside en la declaración de la persona perjudicada.
En este sentido el magistrado explica en su resolución que “la perjudicada no sólo no quiso completar su declaración, incluso después de ser informada de que si no quería declarar podría acordarse la libertad de los hasta ahora preventivos, sino que expresamente pidió que dejaran en libertad a los investigados, como también afirmó que quería que se terminara este proceso”.
Añade además el instructor que las respuestas dadas por la joven, ante las preguntas formuladas por el magistrado y por uno de los abogados, abrieron “grandes dudas, casi obstáculos insalvables, para apreciar un delito de detención ilegal e incluso para acreditar en el juicio la agresión sexual”.
En su declaración, la joven manifestó haber acudido voluntariamente al piso donde ocurrieron los hechos y que mantuvo relaciones consentidas con los encausados durante un tiempo pero que en un determinado momento ya no quiso continuar.
Entiende el juez que es en esta negativa en la que podría basarse la agresión sexual “si se acreditaran posteriores relaciones, en esos casos ya no consentidas”. Es por eso que el procedimiento continua abierto ya que es voluntad del instructor “indagar sobre lo realmente sucedido, labor que se antoja difícil, para obtener una respuesta que respete el interés de la víctima”.
