El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de Aragón contra la resolución comunicada por el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón que acuerda suspender con carácter cautelar el procedimiento de licitación del nuevo contrato de limpieza.
Esta resolución, que es consecuencia de los recursos presentados por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, y una empresa de reciclaje de aceite, ha sido analizada por la Asesoría Jurídica Municipal y por los servicios jurídicos de diferentes áreas, concluyendo que fue adoptada omitiendo las normas de funcionamiento de los órganos colegiados como el Tacpa, ya que éste no estaba constituido válidamente como reconoce la propia resolución, según han explicado fuentes municipales en un comunicado.
Las mismas fuentes señalan que la suspensión fue adoptada y notificada sin argumentar motivación alguna y fuera del plazo legalmente establecido, resolviendo más de dos meses después de registrarse los recursos.
Por estas razones, el Ayuntamiento de Zaragoza acudirá a los tribunales para “defender el interés general y la necesidad de que el procedimiento continúe, considerando que la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón es nula de pleno derecho”.
La consejera de Presidencia, Hacienda e Interior y portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, ha vuelto a lamentar la incertidumbre creada en torno a un servicio público esencial como es el de la limpieza pública, ya que “el nuevo contrato iba a permitir que la ciudad esté más limpia y sea más sostenible incorporando mejoras tecnológicas y medioambientales muy importantes”.