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El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes sacar adelante la moción presentada por el grupo municipal Vox por la que se instaba al Gobierno de la ciudad a desarrollar un plan de prevención general anticorrupción, antifraude y contra conflictos de intereses de cumplimiento interno. La propuesta incluye además que este plan debe desarrollarse en un plazo de tres meses y recuperará el trabajo realizado previamente en 2018, tal y como ha pedido el portavoz de Podemos Zaragoza, Fernando Rivarés.

La idea es que para su desarrollo e implantación deberá establecerse la figura del «compliance officer» o responsable de cumplimiento normativo con capacitación en este área, con experiencia en sistemas y modelos de prevención de riesgos, que estén acreditados conocimientos jurídicos relacionados con el área de cumplimiento, así como la creación de un comité de expertos que desarrolle el plan, integrado por miembros designados por todos los grupos municipales, a los fines de garantizar la transparencia y control en su desarrollo e implantación.

La moción ha contado con el apoyo de PSOE, Podemos y Vox y las abstenciones del resto de los grupos. En este sentido, la portavoz de los socialistas, Ros Cihuelo, ha pedido además que «estas medidas vayan acompañadas de una formación del personal yendo más allá de una figura de vigilancia, porque los propios funcionarios ya asumen la responsabilidad constitucional que ellos deben tener cuando llegan al cargo».

De igual forma, se exigirá a las grandes empresas contratistas del Ayuntamiento la implantación de planes de prevención similares y, con carácter general, a las de menor entidad, una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios PRTR.

En cualquier caso, será el gobierno municipal quien en el proceso de implantación de dicho plan establezca los límites económicos de los contratos, convenios o subvenciones a partir de los que se exigirá a las empresas la implantación de esos planes de prevención.

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