El TSJA ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas a la nueva norma de exigir el pasaporte Covid en la entrada de ocio nocturno. Es decir, de momento, el pasaporte continúa vigente.
Las tres asociaciones solicitantes de la adopción de estas medidas de urgencia son la Asociación Provincial de Empresarios de Sala de Fiesta, baile y discotecas de Zaragoza, la Asociación Nacional por los Derechos Humanos Liberum y la Asociación Eleuteria. En los autos dictados por la Sala los magistrados deniegan las peticiones realizadas porque no consideran que exista “urgencia suficiente” como para adoptar la suspensión cautelar solicitada sin escuchar (inaudita parte) a la administración afectada.
Afirman que en los escritos presentados no se ha acreditado un especial perjuicio, adicional a la vulneración misma del derecho que se denuncia, y que permita acordar la medida sin oír a todas las partes personadas.
Por estas razones la Sala ha acordado denegar la petición y dar a las partes, Fiscalía y Administración, un plazo para que presenten sus alegaciones, plazo que finalizará a las 24.00 horas del día 1 de diciembre.
El ocio nocturno pide seguridad jurídica
Las empresas de este sector reclaman “un trato igualitario y no discriminatorio al conjunto de los negocios del sector hostelero con independencia de la naturaleza de la actividad que desarrollen, considerándose que la naturaleza de la actividad de ocio nocturno comenzaría a partir de las 00.00 horas”.
Asimismo, exigen que exista una coordinación para la implantación de este mecanismo de acceso, que les dote de una seguridad jurídica sobre la legalidad de las actuaciones que deberían desarrollar para el cumplimiento de esta nueva obligación que implicará, “un mayor riesgo de generar aglomeraciones en la calle, por incluirse una nueva obligación, que demorará los tiempos de acceso a los locales, pudiendo volver a reproducirse imágenes poco deseadas en los espacios públicos, tal y como en meses precedentes, especialmente en un momento en que existe un nuevo auge de contagios derivados de la Covid-19”.
Los empresarios también piden conocer la fórmula de encajar esta obligación con el denominado derecho de admisión, regulado en una norma con rango de ley, “norma jerárquicamente superior a la orden sanitaria aprobada, y que impide establecer normas de acceso que puedan ser discriminatorias por razón de raza, sexo religión o cuestiones ideológicas”.
Por último, los empresarios exigen una aclaración acerca de la línea de actuación a seguir por parte de empresas que disponga de una doble licencia de actividad.
