Este será el tercer año consecutivo en el que la compañía reciba una ayuda de estas características del Ejecutivo autonómico

Opel España recibirá la ayuda de cuatro millones de euros que planteó el Gobierno de Aragón para desarrollar proyectos de protección medioambiental, investigación industrial y modernización tecnológica. El Pleno de las Cortes ha aprobado este jueves el decreto ley que regula esta concesión directa al recibir los votos a favor de toda la Cámara menos de Vox e Izquierda Unida, quienes han criticado que no se ponga como requisito el mantenimiento del empleo en la planta de Figueruelas.

El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha defendido esta subvención por los “efectos” que está sufriendo el sector como consecuencia de la pandemia, que ha traído un grave desabastecimiento de microchips y una caída del mercado exterior. “A esa crisis pandémica, que ha tenido como consecuencia la caída de matriculaciones y exportaciones, la crisis de los microchips ha complicado de manera muy seria el futuro no solo de PSA, sino de todo el sector, que está en situación de incertidumbre”, ha expuesto Aliaga, citando unos datos de Anfac que sitúan en un 38% el desplome de las exportaciones.

Con esta subvención, Opel acometerá la ampliación de la nueva línea de montaje de baterías para el desarrollo de vehículos eléctricos, un nuevo proceso para la automatización de la aplicación del lacado en el interior del coche, o el diseño y desarrollo de nuevos procesos para la mejora de la eficiencia y disminución del impacto ambiental, así como la automatización y robotización de diferentes áreas de la planta.

Sin embargo, la exclusión del requisito de mantener el empleo en la planta no ha sentado bien a todos los grupos. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, cree que el Ejecutivo autonómico “no puede exonerar” esa responsabilidad, recordando que los trabajadores de IDL que tenían su puesto en Figueruelas “ni recoger sus cosas el día que se rescindió el contrato”. “Es decepcionante que se defiendan los intereses de la empresa. Entiendo que el PP suba a defender los intereses de la nacional, pero nos votan personas y trabajadores y hoy es fundamental garantizar la defensa del empleo”, ha añadido Sanz.

Una línea similar ha seguido la diputada de Vox Marta Fernández considera que “no queda debidamente justificada” la exclusión de esta condición, al mismo tiempo que no comparte la “urgente y extrema necesidad” de este decreto. “La pérdida de más de tres centenares de turnos ha hecho que más de 650 puestos de trabajo se vean afectados”, ha recordado.

Este será el tercer año consecutivo en el que la compañía reciba una ayuda de estas características del Ejecutivo autonómico. La primera fue en 2019 y estaba destinada a la transformación de la planta zaragozana, donde PSA invirtió 250 millones de euros. A su vez, la Estrategia Aragonesa de Recuperación firmada en 2020 incluyó otra ayuda de cuatro millones de euros para proyectos de investigación y desarrollo, eficiencia energética y mejora medioambiental, así como promoción de energía procedente de fuentes renovables.

PP y CS, a favor

Por su parte, tanto PP como Ciudadanos han apoyado el decreto, que, en cualquier caso, no corría peligro al contar el cuatripartito con mayoría en el Pleno. Desde la bancada popular, el diputado Juan Carlos Gracia Suso ha mostrado el “apoyo sin fisuras” a esta concesión, aunque ha remarcado que “muchas ayudas a sectores estratégicos llegan tarde”.

Del mismo modo, la portavoz de Ciudadanos, Jara Bernués, ha pedido “agilidad” en el pago de las ayudas, que, a su juicio, deben llegar a “todas las industrias auxiliares, no solo a Opel”, a la vez que ha defendido el papel que debe tener la Comunidad en el Perte del vehículo eléctrico promovido por Moncloa. “Aragón debe jugar ahí un papel fundamental. Ojalá esos millones no se queden en Cataluña y vuelvan a Aragón. Es necesario que esas inversiones se vean cumplidas”, ha afirmado.

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