El alcalde, Jorge Azcón, y representantes de los grupos municipales colocan la pancarta Zaragoza es diversidad

El reciente aumento de delitos de odio a personas del colectivo Lgtbiq, materializado el pasado puente de la Constitución en Zaragoza con una agresión de carácter homófobo en una zona en la que se encuentran varios bares a los que acude el colectivo, ha puesto de manifiesto la preocupación de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza. A través de una moción traída por Zaragoza en Común, todos los grupos, por unanimidad, han condenado estos actos y, a excepción de Vox, han solicitado la realización de actividades formativas y campañas destinadas a los valores y educación de los jóvenes y menores.

«Creemos que esta moción es fundamental porque ahonda en trabajar en la educación y en la sensibilización porque estamos hablando de una generación futura», ha expresado la concejal de ZeC, Luisa Broto. De la misma forma, la concejal de Podemos, Amparo Bella, ha insistido en que «hay una parte de la ciudad que tiene miedo, que no se siente segura y que teme que estemos perdiendo en derechos e igualdad. Es cierto que los delitos de odio han aumentado y esto lo dice el Ministerio de Interior con datos como que en el primer semestre se aumentó en más de un 9% los delitos de odio respecto a 2019». Además, ha añadido, en Zaragoza «esta situación se está viviendo en lugares que suelen ser un refugio y un lugar donde se sienten seguras, por lo que es urgente que la ciudad actúe en el origen del problema con la educación afectivo sexual en los centros escolares».

Desde el equipo de gobierno, la concejal de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas, ha mostrado su condena a todos los delitos y discursos de odio. Por eso, ha expresado su voluntariedad a apoyar en todo momento al colectivo Lgtbiq. Sin embargo, ha criticado que desde la izquierda se esté pidiendo que se lleven a cabo estas acciones, cuando ellos, cuando estuvieron en el gobierno, «no hicieron nada».

Esta acusación no ha sentado bien a Broto, quien ha respondido que «hacía años que no teníamos que salir a la calle para reclamar nuestros derechos en este sentido. Por eso no creo que sea conveniente hablar hoy de lo que se ha hecho lo que no se ha hecho. Son las personas y los ciudadanos los que nos están reclamando a las instituciones».

Pese a ello, Antoñanzas ha insistido en que desde las instituciones deben «ser coherentes» con el mensaje que dan y, por ello, van a seguir mostrando «rechazo y condena a estos delitos» y van a seguir «promoviendo valores que los eviten».