Un total de 25,5 millones de euros irán a parar a centros y entidades de Zaragoza capital. Foto de archivo

El Gobierno de Aragón ha dejado claro, por medio de su presidente, Javier Lambán, que una de sus prioridades va a ser sin duda el refuerzo a las políticas de atención a mayores en los próximos dos años. Ciudadanía destinará 450 millones de euros entre 2022 y 2023, y se impulsarán programas como los que ofrecen servicios derivados de la Ley de Dependencia, que a 31 de enero ya atendía a más de 35.300 personas, el doble que en 2015, y que este año recibirá 67 millones de euros.

La inversión de la DGA en este capítulo la han anunciado este viernes Javier Lambán y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, durante su visita al Hogar para Mayores Picarral, que, junto con los otros 30 centros del territorio aragonés integrados en la red del IASS, han recuperado la plena normalidad este mismo mes de febrero, además del programa de envejecimiento activo.

Lambán, que ha reconocido errores en la gestión durante la pandemia, ha defendido al mismo tiempo que el Ejecutivo autonómico se ha “dejado la piel”, incluso a veces “literalmente la salud para atemperar, aliviar esta maldición, pero lo cierto es que no lo hemos conseguido del todo”, ha dicho el presidente aragonés. Asimismo, ha aplaudido y agradecido la labor realizada por estos centros durante la pandemia que no dejaron de funcionar durante el confinamiento. Aunque las puertas se cerraron por imperativo sanitario, los trabajadores siguieron prestando servicios a los usuarios, efectuando más de 50.000 llamadas y correos electrónicos a los socios de todo Aragón y detectando a todas las personas que estaban solas en sus domicilios, creando redes de apoyo con familiares y socios.

En total, fueron más de 4.000 llamadas de seguimiento a personas en situación de vulnerabilidad, además de darse soporte emocional, ayudando a gestionar citas médicas, administrar la medicación e, incluso, algunos centros con cocina propia, como el hogar de San José, ofrecieron comida para llevar a las casas.

En junio de 2020 abrieron sus puertas para ofrecer servicios básicos como el Programa de Promoción de la Autonomía Personal (PAP). En marzo de 2021 se reanudaron actividades online y las actividades de grupos socioterapéuticos (para cuidadores de dependientes). En primavera también comenzaron algunas actividades presenciales (que organizan los propios hogares) con todas las medidas de seguridad, y ya en este mes de febrero de 2022 se ha iniciado el programa de envejecimiento activo, por el que más de 2.500 mayores están inscritos en talleres y cursos de promoción mantenimiento de la salud y formación permanente.

El Plan del Mayor

El papel de los servicios sociales durante la pandemia ha sido para el presidente uno de los que ha sentido mayor orgullo. Precisamente Lambán ha recordado que uno de los ejes estratégicos del Gobierno de Aragón es el Plan del Mayor, sobre el que va a pivotar hasta el final de la legislatura toda la atención que ya se presta a los mayores, así como los nuevos servicios e infraestructuras que se están poniendo en marcha, impregnados por la filosofía de atención centrada en la persona.

Este plan recoge 49 actuaciones (20 ya asentadas y 29 nuevas); implica una financiación extra de 66,7 millones de euros de aquí a 2023 (que se suma a los 189,8 que anualmente destina Ciudadanía a la atención a los mayores) y persigue llegar a 204.101 aragoneses.

El Plan del Mayor nace para adecuar los servicios sociales a las necesidades de una generación que demanda una nueva atención, para acompañarlos en un recorrido que tiene diferentes etapas y para ofrecer a estas personas el papel activo y protagonista que siguen teniendo en esta etapa de su vida. “Hablamos de una generación de cambio, artífice de grandes logros sociales, y queremos hacer este cambio con ellos”, ha indicado Lambán, quien ha adelantado que próximamente convocará el foro para concretar los pasos a dar en la economía de los cuidados con los agentes y colectivos implicados para los próximos años, “o incluso décadas”. “Aragón tiene que ser una Comunidad puntera con un modelo propio”, ha defendido el líder del cuatripartito aragonés.

Zaragoza, eje central de las inversiones

Lambán ha hecho especial hincapié en las inversiones que se llevarán a cabo en la ciudad de Zaragoza, para lo que trabajará de forma conjunta con el Ayuntamiento y con el colchón de los fondos europeos. Un total de 25,5 millones de euros irán a parar a centros y entidades de Zaragoza capital, entre los que destaca el nuevo Centro Residencial del IASS en Valdefierro, cuyo importe asciende a 21,4 millones de euros.

Se trata de la construcción de un complejo residencial en el espacio del antiguo centro tutelar Buen Pastor. El proyecto comprende una residencia con ocupación de 100 plazas, dos centros de día, espacios comunitarios de servicios y un conjunto de viviendas tuteladas para personas mayores, todas ellas interconectadas y con servicios desde la residencia, con un nuevo modelo de atención centrado en la persona.

Por su parte, la residencia del IASS Romareda cuenta con un presupuesto de 676.947 euros destinado a la creación de unidades de convivencia para adaptar el centro al nuevo modelo de cuidados centrados en la persona (actuación que también se va a hacer en los centros de gestión propia de todo Aragón). Mientras que la residencia municipal de la Casa de Amparo tiene un proyecto de 728.445 euros, de los que el importe concedido por el Ejecutivo autónomo es de 369.000 euros.

A estos capítulos, se suman los de subvenciones a diversas entidades (mercantiles, sociales, de menores o de discapacidad), que suponen cerca de 3 millones de euros. Además de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el IASS mantiene con el Ayuntamiento de Zaragoza diversos convenios, tanto para la financiación del personal de los centros municipales de servicios sociales, el refuerzo de personal para tramitar prestaciones, ayudas de urgente necesidad, que ha duplicado su presupuesto con respecto a 2015, así como la encomienda de gestión para la ayuda a domicilio a personas dependientes, que ha pasado de 2,7 millones en 2016 a 7,6 en 2022.

Mantener las restricciones en las residencias

La consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, ha recordado que la Orden de Sanidad vigente permite las visitas a residencias únicamente de personas vacunadas, es decir, con el pasaporte Covid. Tampoco pueden salir del complejo usuarios que no estén vacunados. En caso de residencias con brotes activos, lo adecuado es planificar las visitas. Pero Salud Pública analiza cada cinco días el estado de esos focos de contagio. “Si en una residencia, aun teniendo brotes, se considera que las personas positivas se pueden aislar en una zona, se permiten esas visitas, pero caso a caso y dependiendo de la situación. Hay que mantener el equilibrio entre preservar la salud, que no haya contagios, y el bienestar emocional”, ha reiterado Broto.

La consejera tampoco ha detallado cuándo será el momento adecuado de poner fin a estas restricciones en las residencias, aunque tiene claro que será “cuando acabe la pandemia”. “El lugar donde tenemos que preservar a los mayores es en las residencias. Es el último reducto donde tenemos que flexibilizar. Las residencias son el lugar a preservar”, ha incidido.

Por otro lado, ha analizado la situación epidemiológica actual en estos centros, donde sigue habiendo “muchos contagios”, pero “afortunadamente cada semana se cierran residencias porque no tenemos brotes y los que abrimos son mucho menores”. Así, Broto ha expuesto que la mortalidad de los comienzos de la pandemia no tiene “nada que ver” con el nivel actual, y muchos de los fallecidos son “personas con patologías previas, no mueren del Covid, sino con Covid”.

Además, Broto ha aludido a unas bolsas de empleo que “nunca se han cerrado”, aunque prevé que, a la posibilidad de contratar a personas no acreditadas, vigente en estos momentos, “no le queda mucho, aunque lo tendrá que aprobar el Consejo Interterritorial de Salud”.

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