El sector de la economía social en Aragón continúa en crecimiento. Actualmente, implica más de 5.200 entidades, aglutinando hasta 20.400 empleos directos y facturando en torno a 367 millones de euros cada año. En porcentajes, representa el 5,75% de las empresas de la Comunidad y un 3,6% del empleo total. Se trata de un modelo que antepone las personas al capital, contribuye a corregir desequilibrios territoriales, apuesta por la sostenibilidad y se compromete con el desarrollo local.
Por estas razones, Aragón quiere sacar adelante la Ley de Economía Social, cuyo primer paso se ha dado en la sesión plenaria de este jueves. El debate de totalidad del proyecto de esta ley se ha resuelto con 63 votos a favor de un total de 64. Tan solo Vox ha decidido votar en contra. Según ha explicado la consejera del ramo, Marta Gastón, dicha ley se asienta en tres ejes básicos: el reconocimiento del sector, la pretensión de coordinar e instrumentar políticas y medidas de apoyo y, por último, la integración de este modelo a través de la creación del Consejo de Economía Social. “Pretende aportar propuestas y soluciones en el panorama sociolaboral, así como estimular el empleo y el crecimiento social”, ha expuesto.
Según la responsable autonómica en materia económica, entre los objetivos que persigue la economía social se encuentran la primacía de las personas y del fin social, la gestión autónoma y transparente, la aplicación de los resultados obtenidos en función de la actividad económica, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, la igualdad de oportunidades y la generación de riqueza y empleo de calidad.
El arco parlamentario, a favor del proyecto de Ley de Economía Social
Tras la intervención de Gastón ha sido el turno de los portavoces de las diferentes formaciones parlamentarias, que se han mostrado cercanos a la aprobación del proyecto de ley, aunque han adelantado que realizarán aportaciones en el periodo de enmiendas.
Por parte de la oposición, IU ha resaltado que existen ciertas cuestiones con las que no está de acuerdo. Su coordinador, Álvaro Sanz, ha manifestado que no aparecen mecanismos concretos para aplicar los objetivos de la norma, además de que no aborda cambios profundos en la Ley de Cooperativas. “Falta también dotación de medios humanos y materiales, y hay ausencia de desarrollo en cuanto a la contratación pública”, ha remarcado. En representación de Vox, Marta Fernández considera que el Gobierno autonómico “se aprovecha de la norma estatal para intentar introducir la agenda globalista 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y antidemocráticos”.
Desde el Partido Popular, Javier Campoy ha pedido que el marco legislativo debe ser coherente, eficaz y adaptado a la realidad de Aragón. El diputado ha tendido la mano a la consejera porque “tenemos que conseguir darle al sector la importancia que tiene”. “Vertebra el territorio, crea futuro, apuesta por la juventud en el mundo rural y genera empleo y riqueza”, ha expresado, antes de recordar la propuesta del PP acerca de un plan especial de modernización de las cooperativas y solicitar “implicación” al Ejecutivo de Lambán para “generar valor añadido”.
Javier Martínez ha reconocido sentirse “decepcionado” porque, a su juicio, la ley en cuestión ha tardado en llegar al Parlamento y se ha quedado a medio camino. Para el diputado de la formación liberal, “la economía social no se trata solo de cooperativas, sino que también se debe hablar de sociedades limitadas”. “Esta ley ha obviado a las empresas que en este momento desarrollan su actividad dentro este modelo”, ha criticado. En última instancia, ha exigido la puesta en marcha del plan de impulso de la economía social porque, según recoge el texto legislativo, “esta verdadera herramienta de trabajo no podrá iniciarse hasta dentro de dos años”. “Vamos a tener que negociar mucho para mejorar la ley y que no se excluya a aquellos que deben estar dentro”, ha concluido.
En cuanto a los partidos que integran el cuatripartito, el PAR ha destacado que la Ley de Economía Social pone en valor el impulso de lo local y la cooperación, además de favorecer la cohesión social y tener en cuenta el medio rural. Mientras, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha enfatizado la promoción de la solidaridad interna, la revitalización de actividades en declive o la necesidad de fijar población. “Supone una forma distinta de crear riqueza valorando a las personas por encima del capital”, ha recalcado.
Por último, Nacho Escartín ha tomado la palabra en representación de Podemos haciendo hincapié en el cooperativismo y el asociacionismo. “La economía social tiene una importancia gigante por principios, valores y sueños colectivos”, ha aseverado, al tiempo que ha alabado la dinamicidad de este tejido, que está organizado en un total de doce plataformas. “La ley pretende apoyar desde lo público para dar un salto cualitativo, así como facilitar la inserción y la igualdad de oportunidades”, ha zanjado.
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