El magistrado Rafael Lasala, instructor del denominado caso Ghali, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa en el caso del jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, y la continuación de la instrucción abierta del caso a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya.
El juez apunta al presidente de España, Pedro Sánchez, como quién tomó "la decisión última" del traslado médico de Ghali a España. El juzgado zaragozano cree que "participaron en esta operación autoridades y funcionarios cualificados de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa y que los titulares de cada uno de estos ministerios no dirigen instrucciones u órdenes a quienes dependen de cualquier de los otros dos ministerios, salvo que lo ratificara expresamente su titular, y puesto que la actuación de ellos fue inmediata y coordinada, lo que nos dice la Ley es que el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta".
Afirma el juez en su auto que el delito de prevaricación, principal motivo de la instrucción del caso, “no es fácilmente apreciable” en el caso de Villarino y sobre la cuestión de la situación procesal de Ghali en España, expresa el juez que “todo parece apuntar a que Camilo Villarino tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular”.
Los hechos comienzan, según ha considerado probado el juzgado zaragozano, con la petición a la exministra González Laya de la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo por Covid, a un hospital español. La exministra se acogió el pasado mes de octubre al secreto oficial para evitar contar quién había emitido la primera petición de acogida al líder saharaui.
González Laya encargó, según cree probado el juzgado de instrucción, a Villarino la llegada del líder saharaui al hospital riojano de San Pedro, en Logroño. Villarino entonces indicó que la llegada de Ghali debía ser “discreta” y que no debía “contrariar los intereses de un país vecino que consideraba de modo abiertamente hostil al mencionado Brahim Ghali”. Esta acogida provocó una grave crisis diplomática con Marruecos, al considerar este país magrebí a Ghali uno de los dirigentes del grupo armado al que hace frente.
Entre estas medidas de discreción, se eligió la Base Aérea de Zaragoza como lugar de aterrizaje del avión con Ghali y su posterior traslado a Logroño. Tampoco se le requirió pasar por el control de pasaportes, obligatorio cuando se trata de un país fuera del Espacio Schengen.
Una vez que se conoció la presencia del líder del Frente Polisario en suelo español, el Ministerio del Interior comunicó la intención de avisar a la Audiencia Nacional a raíz de las causas pendientes que tiene en España. Sin embargo, el juzgado informa que no se llegó a comunicar.
“Lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción, asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer. Es este segundo acuerdo y no el primero el que sería prevaricador, el de obviar, desechar o relegar la actuación de la Justicia”, continúa el juez. Sin embargo, lo exculpa del delito de prevaricación ya que, según dice, Villarino fue informado de las causas penales de Ghali, “cuando ya llevaba varios días en España sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular”.
El juez tampoco considera probado el delito de falsedad documental al admitir que “no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación de este en el hospital de San Pedro, de Logroño”.
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