El Gobierno de Aragón adelantará el pago pendiente de la Política Agraria Común (PAC) para el 7 de abril, lo que se traduce en unos 33 millones de euros y que afectará a 32.000 perceptores en la Comunidad. Así lo ha garantizado el presidente autonómico, Javier Lambán, que además ha añadido que la DGA creará un fondo dotado con 18 millones, con el apoyo de Europa y España, para minimizar el impacto de la guerra en el sector primario.
También está prevista la aprobación de un decreto ley que regulará las revisiones de los contratos relacionados con las obras públicas, tal y como aseguró en la sesión plenaria de este jueves el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. A esto se sumará la aprobación de otro decreto ley para que acelerar la gestión de los fondos MRR y la transición energética.
Asimismo, se procederá a la articulación de mecanismos de liquidez para las empresas afectadas por el impacto de la actual crisis con la habilitación de una línea de financiación a través de Sodiar por un montante de siete millones de euros a interés cero.
Ha continuado hablando Lambán de una serie de medidas tomadas por su gobierno “independientemente de que sobreviniera la crisis de Ucrania”. Entre ellas, la puesta en marcha de una unidad de gestión sostenible para mejorar procedimientos, un "buen control" de la tasa de crecimiento de gasto no financiero durante 2021, así como amortizaciones anticipadas de las deudas “ahorrando hasta cinco millones de euros”. Además, se pretende llevar a cabo una refinanciación de 2.600 millones a largo plazo, lo que supondrá, según ha previsto, un ahorro de 90 millones en los próximos años. “Se piensa hacer lo mismo con otra parte de la deuda, en concreto, con 570 millones”, ha confirmado.
Todas estas iniciativas han sido expuestas por el máximo responsable del Ejecutivo aragonés como respuesta a una pregunta formulada por el coordinador de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, relativa a la eficiencia de la administración en el gasto público. “Tengo la convicción de que Aragón es la autonomía que más pecho puede sacar desde el punto de vista de la austeridad en la gestión”, ha expresado. “No se hace ningún tipo de alarde de gasto innecesario, predomina la sobriedad en los comportamientos de los consejeros y nadie se extralimita”, ha afianzado, antes de concluir aseverando que “no se ponen en riesgo los servicios públicos ni el cumplimiento de las obligaciones”.
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