Alberto Pérez, el ingeniero acusado de intentar matar a su jefe por despedirlo, ha declarado ávidamente esta mañana en la Audiencia Provincial que él no ha tenido nada que ver con lo ocurrido y que lo que pasó corresponde “a un robo o a un atropello del barrio de Jesús”, que para el acusado “es el barrio más conflictivo de Zaragoza”. La víctima, el jefe de mantenimiento del sector I del Salud de Zaragoza, no ha tenido “ninguna duda” de que detrás del disparo estaba Alberto.
El acusado ejerció de electricista en el hospital Royo Villanova de Zaragoza aproximadamente dos semanas a finales de 2019. Según han expresado los responsables laborales de Alberto, este no realizó correctamente su trabajo y provocó la contaminación de varios quirófanos, que afectó al funcionamiento normal del hospital. El acusado achaca que fue usado “de cabeza de turco” para cargarle con la culpa de la contaminación del quirófano y que esto habría provocado su despido improcedente. Ha llegado a describir como “inhumana” o “enferma mental” a una de las responsables de su despido.
De forma desafiante, el acusado no ha dudado en contestar a la Fiscal, e incluso al magistrado presidente, que ha llegado a amenazarlo con esposarlo y llevarlo abajo si continuaba con esa actitud. Alberto Pérez, que lleva dos años en prisión provisional, daba la sensación de que conocía al dedillo todo el sumario y así se lo ha hecho saber a las partes. “No voy a entrar en su juego”, ha llegado a decir a la fiscal Ana Díez durante el interrogatorio.
A la espera de la prueba pericial, que tendrá lugar este miércoles y jueves, la fiscal le ha preguntado por qué tenía, según ha dicho, “múltiples explosivos en el coche”. A lo que él ha respondido que “era apicultor y agricultor en Arándiga” y que esos materiales los utilizaba para tales fines. La acusación particular, ejercida por la letrada Carmen Cifuentes, también ha preguntado sobre esta línea y ha querido conocer por qué había realizado búsquedas en Internet sobre ‘El libro de cocina del anarquista’, un manual para fabricar explosivos caseros. Pérez ha respondido que había buscado esa información para realizar voladuras en las vías de escalada de un paraje.
El 3 de abril de 2020, en pleno confinamiento por el estado de alarma, la víctima vio a un hombre al salir con su coche del garaje. Tres días después, volvió a salir como cada mañana de su garaje y se topó con una bicicleta que obstaculizaba su paso. Unos minutos después se encontró “con la misma persona de hace tres días” y decidió alzar las manos, pensando que le iba a robar. “Cuando me voy a girar veo a esta persona delante, cara a cara. Tenía la certeza de que era una trampa. Le pregunté qué quiere, el dinero, el coche, alcé las manos, no medió palabra conmigo, emitió sonidos guturales y efectuó un disparo”, ha afirmado. Este hombre sufrió heridas que le han impedido reincorporarse a su puesto de trabajo hasta el pasado otoño.
El violento ataque fue grabado por las cámaras de seguridad que el exjefe tenía en su comunidad y que para el acusado no corresponden con su fisionomía, ya que las ropas que le fueron intervenidas y que para la Policía coincidían con las de la grabación, no eran las mismas, sino “más claras”.
La víctima, y exjefe del acusado, ha recordado “la reacción agresiva” que tuvo cuando él y otra jefa le comunicaron el despido meses antes del terrible suceso. “Reaccionó de manera muy violenta, siguió profiriendo amenazas. Llegó a decir que no quedaría aquí y que era mala persona”, ha continuado la víctima. Una vez despedido, según ha dicho el exjefe, Pérez se pensaba “que seguía trabajando” y que mantenía las llaves de varias estancias importantes para el hospital.
La acusación particular pide para Pérez 14 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato y dos por tenencia ilícita de armas. La Fiscalía, once por el mismo delito. Su defensa, llevada por el letrado Alejandro Sarasa, pide la absolución. El juicio continuará, según se espera, hasta el próximo viernes.
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