Luz verde en Aragón al proyecto de ley de tecnologías en la nube, más comúnmente conocido como Ley Cloud, que ahora será enviado al Parlamento autonómico para su correspondiente tramitación. Esta norma, pionera en Europa, servirá de palanca para acelerar la transformación digital e impulsar un ecosistema empresarial novedoso, además de dotar a los profesionales de más formación y recursos. Su puesta en marcha costará alrededor de 700.000 euros anuales, de los cuales medio millón corresponderán a asesoramiento y subvenciones a empresas.
Promoción de las tecnologías Cloud en el territorio, generación y actualización de talento y empuje de nuevas habilidades en el sector de las TIC y telecomunicaciones son algunos de los objetivos de esta nueva ley. Al tratarse de un servicio a través de Internet, no requiere pago por uso ni infraestructura física, y permite la escalabilidad.
Otra de las potencialidades que presenta es la posibilidad de avanzar hacia un sistema de nube híbrida. En este sentido, la consejera de Ciencia, Maru Díaz, ha explicado que los servicios públicos digitales de la administración autonómica se prestan mayoritariamente desde centros de procesos de datos privados, pero "esa opción de sistema de nube híbrida permitirá ganar en competitividad y reducir la huella de carbono".
Desarrollada por la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Aragón quiere prepararse para el reto tecnológico, creando un ecosistema de negocio digital alrededor de las tecnologías en la nube, de bajo impacto medioambiental y democratizador con la innovación.
Medidas que contempla la Ley
Entre las medidas que acoge la ley, destacan aquellas que se aplicarán a la Administración de Aragón y su sector público, con un nuevo plan de adaptación de las infraestructuras informáticas para acelerar la transformación digital de los servicios públicos. Asimismo, las de apoyo y asesoramiento para el resto de administraciones aragonesas si consideran de su interés la utilización de las tecnologías Cloud. También las relacionadas con la capacitación de profesionales y la generación de talento en torno a estas tecnologías.
Otras medidas que plantean se pondrán a disposición del sector privado en aras de que empresas y operadores se sientan atraídos al empleo de las tecnologías Cloud y lo hagan en un entorno dotado de un máximo nivel de seguridad. Además, las dirigidas a fomentar la confianza digital por parte de la ciudadanía por medio de garantías de la máxima protección de los datos que se alojen en la Cloud Pública.
Carta de garantías
Según ha señalado Díaz, "los datos más sensibles y los servicios esenciales continuarán en el Cloud privado y se decidirá en qué casos el Cloud público es más adecuado para la prestación de los servicios". De hecho, la norma regula cómo se hará ese paso, en qué condiciones y con qué requisitos. Reforzará la confianza digital con una carta de garantías para asegurar la privacidad de los datos en todo momento y que recogerá los compromisos de protección y tutela que el Gobierno autonómico adquiere sobre ellos.
La ley prevé un plazo de seis meses para que AST defina la Política Cloud de la DGA, que fijará la tipología de servicios para los que el uso de las tecnologías Cloud esté indicado y las condiciones para su uso, salvaguardando las máximas garantías de seguridad y continuidad de los servicios y sistemas de información.
Con el propósito de expandir la utilización más allá de la administración pública y garantizar el máximo nivel de fiabilidad, AST implantará también un certificado de homologación, que funcionará como un distintivo de calidad y seguridad. Por último, ha indicado la consejera, aquellos proveedores que obtengan la Solución Cloud Certificada de Aragón figurarán en un registro público.
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