La agrupación de presos en la cárcel de Zuera por unas obras que llevan varios meses de retraso está aumentando la conflictividad en el centro penitenciario. La última agresión provocó que un funcionario de prisiones tuviera que ser trasladado al hospital tras recibir una fuerte patada de un recluso en el módulo de aislamiento por la que perdió el conocimiento.
El penal, uno de los más grande de España, se convierte en muchas ocasiones de aliviadero de presos cuando otras cárceles repartidas por el Estado cubren sus cupos de presos. Sobre todo, los excedentes de presos de la cárcel de Picassent en Valencia o Pamplona, pero también, se están recibiendo personas desde Andalucía o Ceuta y Melilla.
Las obras que están obligado a la agrupación de presos consisten en cambios en la torre de control y en los sistemas electrónicos de apertura y cerradura de puertas, entre otros. Unos trabajos que, según los planes de obra, deberían haberse terminado el pasado mes de marzo. Este retraso ha obligado a que se cierren dos de los 14 módulos, al que hay que sumar un tercero que se usa para módulo de aislamiento Covid. Es decir, un quinto de la cárcel no se puede utilizar.
El delegado y portavoz del sindicato Acaip UGT en el centro penitenciario de Zuera, Mariano Sanz, explica que las obras están trayendo “muchos fallos y problemas” y, sobre todo, un aumento de las agresiones a los funcionarios. “La presión que asume la plantilla de Zuera en este contexto es muy grande; las amenazas, insultos y agresiones forman parte de esta realidad”, señala Sanz. Por ello, solicitan que se reduzcan los reclusos, o al menos, no se deriven de otras cárceles al centro penitenciario.
La última afecto a dos funcionarios de prisiones que recibieron un ataque de un recluso del módulo de aislamiento que obligó a uno de ellos a ser trasladado a un hospital porque sufrió una conmoción. El otro recibió lesiones leves en brazos y cara. Una realidad que hace que los funcionarios “estén acostumbrados a la violencia y a la agresividad”, ha añadido el delegado.
Otra situación que denuncia también este sindicato es la asistencia sanitaria a la que califican de “incertierta”. Según denuncian, el número de médicos se ha visto reducido y su mayoría superan los 60 años con una previsible jubilación próxima. Según afirman desde este sindicato, las enfermeras del centro se ven obligadas a realizar los turnos de fin de semana solas.
Un problema de plazas que está teniendo muchas complicaciones de buscar candidatos ya que las plazas “no resultan atractivas para los médicos”. De media, no se llega ni a la mitad de las plazas convocadas por Instituciones Penitenciarias.
Sanz solicita que, mientras duren las obras que obligan a tener dos módulos cerrados, “es urgente reducir drásticamente el número de internos, así como la adopción de medidas destinadas a mejorar la situación de la sanidad penitenciaria en el centro”.
Por último, el sindicato también señala que existe un problema con el mantenimiento del penal y que “está afectando a la seguridad”. Un ejemplo es el apagón que se produjo en la noche el pasado sábado, agravado, con la no entrada del grupo electrógeno de emergencia que hizo que la situación se prolongara más de una hora, ante la espera del servicio de urgencias de la empresa de mantenimiento.