El Grupo II de UDEF (Blanqueo de Capitales), perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha desarrollado una investigación que ha durado casi dos años y ha supuesto la detención de 20 personas, seis de ellas en Zaragoza y catorce en Madrid, por delitos de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental. Los detenidos estafaban a la administración pública solicitando subvenciones y justificaban con sociedades pantalla su actividad.
El día 10 de mayo se estableció un amplio dispositivo policial en las provincias de Zaragoza y Madrid para llevar a cabo la práctica simultánea de 20 detenciones, así como dos entradas y registros en las sedes sociales de las gestorías, interviniendo documentación relacionada con la investigación y diverso material informático.
Para llevar a cabo este despliegue policial, el Grupo de Blanqueo de Capitales de Zaragoza contó con la colaboración de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Estas actuaciones se iniciaron en la fiscalía provincial de Zaragoza fruto de la denuncia efectuada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por un posible delito de Fraude en Subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros, a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza.
Posteriormente, tras una investigación que se prolongó durante meses, se detectaron nuevas sociedades beneficiarias de préstamos públicos y relacionadas con dos gestorías, siendo la principal de ellas ubicada en Madrid.
La investigación policial pudo comprobar como el dinero procedente de los préstamos públicos no fue destinado al fin para el que fueron concedidos, principalmente para inversiones de desarrollo empresarial, siendo en algunos casos el dinero desviado para realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.
Sociedades pantalla para justificar los gastos
Para justificar los proyectos ante el Ministerio, contaban con una serie de facturas emitidas por sociedades que no tenían capacidad de realizar los trabajos que se les imputaba, ni trabajadores, ni actividad real, es decir, las denominadas sociedades pantalla.
Los cabecillas de la organización eran los apoderados de la consultora financiera localizada en Madrid, sociedad especializada en la consecución de subvenciones y préstamos públicos pero cuyo asesoramiento iba mucho más allá de la mera tramitación de ayudas públicas aportando infraestructura societaria ficticia para respaldar estos proyectos y resultar
altamente beneficiados con las comisiones obtenidas por los préstamos públicos obtenidos.
Los responsables de esta consultoría situaban al frente de estas sociedades pantalla a personas de su confianza que actuaban como testaferros, que recibían una prestación económica únicamente por ser administradores o socios de cada una de estas mercantiles.
El modus operandi consistía en que la consultora se encargaba de solicitar la ayuda pública al Ministerio de Industria, y a su vez, se encargaba de justificar el gasto frente al propio Ministerio, estableciendo una facturación ficticia entre la sociedad destinataria del préstamo y las sociedades pantalla por maquinaria vieja que se encontraba ya instalada en las naves de la mercantil solicitante.
También se han localizado préstamos públicos otorgados a sociedades controladas por los principales acusados. En este caso, las sociedades beneficiarias, tras abonar dos o tres cuotas de la ayuda, dando apariencia de solvencia al Ministerio, eran traspasadas a personas relacionadas y posteriormente concursadas, por lo que la deuda contraída con las administraciones públicas nunca se hará efectiva, con grave perjuicio al erario público que esto supone.
El fraude total asciende a 20 millones de euros
Este grupo criminal estaba dedicado a la obtención y justificación de subvenciones y/o préstamos públicos, siendo el nexo común, director y beneficiados de las ayudas públicas obtenidas a lo largo de todo el espacio temporal en que actúa este entramado, una consultoría en Madrid y a otra en Zaragoza que actuaban de forma coordinada.
Los detenidos habrían conseguido la consecución de préstamos públicos ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por un valor total de 20 millones de euros, justificando ante el Ministerio el gasto de las ayudas obtenidas con una red de sociedades pantalla creando una facturación ficticia entre éstas y las mercantiles beneficiadas de los préstamos.