El Programa de Impulso a la Recuperación Infantil, englobado dentro de los fondos europeos, deja en Aragón más de 17 millones de euros para Educación Infantil de 0 a 3 años. Serán cinco millones en 2021, nueve en 2022 y 3,7 en 2023 para hacer frente al pago de las infraestructuras y al gasto del funcionamiento de los centros, sobre todo, de la gestión de los educadores. La Comunidad aragonesa también deberá crear cada año 606 plazas públicas en dichos centros infantiles.
Sin embargo, parece que este plan no ha terminado de convencer a los partidos de la oposición, PP y Cs. «La creación de las nuevas plazas corresponde exclusivamente a la educación pública y el 40% de los alumnos matriculados entre 0 y 3 años acuden a centros privados homologados por la DGA», ha sostenido el portavoz de Educación de Cs, Carlos Trullén. Por esta razón, desde la formación liberal han solicitado que el dinero de los fondos «no se dedique exclusivamente a plazas públicas», sino también «a centros privados».
En este sentido, el consejero de Educación, Felipe Faci, que ha comparecido este martes en las Cortes a petición de Cs, precisamente sobre esta cuestión, ha asegurado que se va a hacer «lo que digan las bases para que Aragón no tenga que devolver el dinero». El titular de Educación ha avanzado que el dinero de los fondos europeos estará destinado a transformar las guarderías en centros de Educación Infantil «para integrarlas en la red de centros de Educación Infantil y Primaria», a fomentar la escolarización de los menos favorecidos, sobre todo, en el medio rural «donde tenemos que promover el incremento de plazas en las escuelas municipales» y a la apertura de escuelas infantiles. «Las vamos a financiar al 100% y estamos pendientes de sacar una convocatoria pública con financiación de obra y personal», ha apuntado Faci.
«El sistema de aulas de dos años deriva la demanda hacia centros públicos y rompe con la unidad de ciclo de 0 a 3 años. Mientras que la implantación en zonas urbanas, donde ya existía una oferta, supone perder matriculaciones en centros privados», ha criticado el diputado de Cs, tras añadir que la llegada de la pandemia «ha supuesto un descenso en la matriculación de un 17%». Por su parte, el consejero de Educación le ha contestado que «ante un descenso de población cerramos centros o aprovechamos para ampliar la escolarización a dos años».
Faci: «Discrepamos en una parte del concepto de modelo educativo»
El máximo responsable en Educación de la DGA ha zanjado el debate alegando que existen «discrepancias» sobre el concepto de modelo educativo que persigue cada formación. El consejero ha recordado que la iniciativa privada «surge donde surge», mientras que la pública «tiene una característica social».
«Autorizamos la apertura de un centro público cuando se cumplen los requisitos, y eso nos obliga a financiarlo, sin embargo, la privada construye y abre cuando quiere y eso puede traer afecciones», ha explicado. «El modelo de igualdad de oportunidades es el modelo del servicio público», ha aseverado.
Un planteamiento que también ha seguido la diputada de Podemos Marta De Santos. Tildando de «derecho» el modelo social de la educación pública y de «negocio» el liberal de la educación privada y concertada, la líder morada ha señalado que «sin servicio público, muchos no se podrían pagar la educación». «Primero lo público y, si sobra dinero, ya veremos», ha apuntado.
Por último, la parlamentaria del PP, Pilar Cortés, ha clamado por una garantía de la «libertad de enseñanza». «Eso lleva aparejado el derecho de los padres a elegir dónde llevan a sus hijos», ha concluido.