La DGA realizó 16 pagos anticipados en compras de emergencia durante el inicio de la pandemia por casi cinco millones

El Gobierno de Aragón realizó hasta 16 pagos anticipados en compras de emergencia a otros tantos adjudicatarios distintos durante los primeros meses de la pandemia para obtener material de protección urgente para el Salud y el IASS, por un total de 4,9 millones. Unos pagos que, con este método, se realizaron sin justificar hasta que se recibieran las mercancías y se emitiera la factura. Todos, según ha expuesto el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, en el Pleno de las Cortes, fueron bien registrados antes del cierre del presupuesto de 2020, salvo una “irregularidad contable” en la compra de un pack de mascarillas en abril, y del que la consejera del ramo, María Victoria Broto, ya garantizó la correcta llegada del material. Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización de 2020 que Peña ha presentado ante el Pleno, correspondiente a un 2020 desarrollado “en el marco de una grave crisis sanitaria” y del que “no se han identificado más errores o incumplimientos que en una normalidad”. En este año, el gasto aumentó en 460 millones de euros hasta los 6.698 millones, de los que 260 se declararon como extraordinarios para hacer frente al Covid, mientras que se ingresaron 6.985 millones, 453 gracias a la aportación del fondo Covid del Estado. En total, el gasto en Sanidad fue de 2.394 millones, con un crecimiento del 20%, en Educación, de 1.229 millones (incluidos los gastos de la enseñanza concertada y de la Universidad) y en Servicios Sociales, de 505 millones de euros. En personal, la Comunidad destinó 2.388 millones, mientras que apenas pudo designar 152 a inversiones, con una “baja ejecución” del 70%. Además, la deuda pública alcanzó los 9.106 millones de euros, 389 más que en el 2019. La Cámara de Cuentas alerta de la temporalidad Por otro lado, una de las principales alertas que ha lanzado el presidente de la Cámara de Cuentas, que ha reconocido el “delicado” estado de las arcas autonómicas, ha estado centrada en la elevada temporalidad de los trabajadores de la administración, que alcanzó el 48%, con más de 28.000 trabajadores. Además, en el IASS se situaba en el 67%, en el Salud, en el 53%, y en personal docente, en el 43%. “Este grado de temporalidad sostenido e incrementado pone de manifiesto su carácter estructural al margen de cargas de trabajo para atender situaciones excepcionales como la vivida en 2020, donde sí hubo razones”, ha señalado Alfonso Peña. Porque, como ha insistido, las ofertas de empleo público convocadas entre 2016 y 2020, con más de 3.000 plazas, pero con “poca eficacia” para “resolver este grave problema”. “En el mejor de los casos, aunque todas las convocatorias hubieran finalizado con el número de plazas de nuevo ingreso, distaría mucho de las ocupadas por personal temporal en puestos estructurales”, ha expuesto. Recomendaciones de la Cámara El informe de la Cámara recoge cinco recomendaciones para contribuir a la mejora de la gestión pública. Entre ellas se encuentra la actualización del registro y valoración correcta de todos los bienes e infraestructuras de la Comunidad Autónoma para que el valor de los fondos propios sea el real; la elaboración de una cuenta consolidada del conjunto de las entidades del sector público que refleje la totalidad de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma; el seguimiento del cumplimiento de objetivos de los programas presupuestarios; así como la codificación de todos los contratos, especialmente los del Salud, para que la rendición en los diferentes portales de transparencia sea completa. Oposición Tras la comparecencia del presidente de la Cámara, la diputada del PP Cristina Sainz ha resaltado el “descontrol” de los gastos del fondo Covid, pidiendo “explicaciones” y una “regularización” de todos los pagos, y preguntándose si “se van a gestionar de la misma forma los fondos europeos”. “Los aragoneses no conocen en qué se ha gastado este dinero y no se pueden contabilizar la totalidad de los contratos de la pandemia”, ha denunciado. A este respecto, Peña ha confirmado que antes del verano esperan publicar un informe centrado en los gastos Covid de 2020 y 2021. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Hacienda, José Luis Saz, ha puesto de manifiesto la “insuficiencia financiera” que sufre el Ejecutivo procedente del actual reparto de los fondos del Estado. “Todos los indicadores nos llevan a una infradotación del sistema de financiación”, ha afirmado. Asimismo, la diputada de Vox Marta Fernández ha criticado la “cultura del déficit instaurada en los gobiernos de uno y otro signo”, con lo que “hipotecamos el futuro de las nuevas generaciones” y “ponemos trabas al desarrollo económico”. “Reivindicamos una reducción drástica del gasto público que no comprometa la protección de los ciudadanos y una bajada de impuestos que sea compatible con el sostenimiento de los servicios públicos”, ha reclamado. Finalmente, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, se ha preguntado “cuánto de lo acordado en un clima de consenso se cumplió”. “No encontramos los 510 millones tan anunciados para la recuperación social y económica y la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que solo 216 fueron gasto Covid. Entiendo la dificultad para determinar qué es gasto Covid, pero debe hacerse mejor”, ha mantenido.