El Gobierno de Aragón no tiene ninguna duda de la “legalidad” del macroconcurso de autobuses que ha paralizado el Tacpa, al mismo tiempo que garantizado que “cumplen escrupulosamente” todos los requisitos para que sean “plenamente válidos”. Así lo ha defendido este martes el consejero de Vertebración del Territorio, que se ha mostrado “absolutamente tranquilo” con esta suspensión que, ha asegurado, “no entra en el fondo” de la cuestión.
Desde este modo, para Soro, esta decisión forma parte de la “normalidad” de la tramitación administrativa, en un momento en el que ya se han abierto uno de los sobres y, “para evitar posibles perjuicios” ha tomado esta medida. “Todavía no se entra en el fondo del asunto. Yo estoy muy tranquilo. Hemos hecho un gran trabajo y los pliegos son absolutamente conformes con la legalidad”, ha expuesto el responsable del ramo.
De hecho, Soro cree que esta suspensión no afectará a los plazos de adjudicación, que preveían que los nuevos contratos entraran en funcionamiento el 1 de enero de 2023. “Caben recursos administrativos y judiciales, y entra dentro de la normalidad. En los plazos que siempre hemos planteado teníamos previsto que pudiera ocurrir. Absoluta tranquilidad”, ha afirmado el consejero, que ha destacado como “especial” y “paradoja” que quienes hayan pedido la suspensión sean las “propias empresas que han realizado las ofertas”.
Estos pliegos, después de varios años de trabajo previo, salieron a licitación el pasado 21 de abril y buscaban agrupar en 19 contratos toda la concesión del servicio de transporte público en la Comunidad, que ahora se dividían en 188. Suponen, en total, una inversión del Ejecutivo autonómico de 227 millones de euros durante diez años que permitía a todos los núcleos de población con más de diez habitantes tener una conexión con su centro de salud.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (Tacpa) suspendía de forma cautelar este concurso a demanda de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobús de Aragón (Aetiva) y la empresa Avanza, que alegaban una posible inviabilidad del nuevo mapa de autobuses.
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