Los funcionarios de Aragón y el resto de España participarán al final del mes de septiembre en una manifestación en Madrid, promovida por el CSIF, para protestar contra el “deterioro” de los servicios públicos y el nivel de vida. Este ha sido el anuncio de su presidente nacional, Miguel Borra, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán.
En la reunión, ha enumerado Borra, se han tratado algunos de los puntos que preocupan a la Central Sindical y motivan esas movilizaciones, como pueden ser “las dificultades de los trabajadores” derivadas fundamentalmente de “la escalada de precios y el coste energético”. Por ello, se han dirigido también al Gobierno Central para exigir “que marque el camino de la patronal privada” sentándose a negociar una subida salarial de los empleados públicos.
“Desde la bajada del 2010 con Zapatero, de entre el 5% y el 10%, hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo equivalente a que un médico haya trabajado 18 meses gratis en la última década, un maestro quince y un policía trece”, ha declarado.
Las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa de Lambán no son nuevas. Sin ir más lejos, en mayo de este mismo año ya se produjeron movilizaciones a nivel autonómico y nacional por la “pérdida de poder adquisitivo” y buscando un ajuste de los salarios al IPC. En las capitales de provincia aragonesas, tuvieron lugar frente a las subdelegaciones del Gobierno.
CSIF Aragón plantea a Lambán la semana laboral de 35 horas
El presidente del sindicato en Aragón, José Luis Santafé, ha revelado que la reunión llevaba pendiente desde que la solicitaron en marzo. Entonces, ha dicho, “la situación de los empleados de la Comunidad ya era bastante precaria” por la crisis derivada de la pandemia y la inflación, que llegó a alcanzar el 11,4% en julio. A las puertas de septiembre, a su juicio, las condiciones de los 52.000 funcionarios aragoneses “han empeorado”.
Esas preocupaciones, en las que ha insistido previamente su homólogo nacional, han permanecido en su agenda. Ahora, se suman otras como la semana laboral de 35 horas, a imagen de otras regiones vecinas. Con el curso escolar a la vuelta de la esquina, también han intercambiado pareceres con Lambán sobre los docentes aragoneses.
“Son los que menos cobran y los que más trabajan”, ha señalado, porque se embolsan “400 euros menos al mes” que el resto y tienen 20 horas lectivas de docencia directa en Secundaria y 23 en el caso de los maestros, mientras que en otras comunidades son 18 y 22. A esto quieren ajustarse y solicitan, en la misma línea, la homologación salarial
La implantación de la Lomloe, ha continuado, provocará que se empiece con “burocracia para adaptar los currículos”, aunque el presidente de Aragón les ha respondido que “no había cambiado tanto”.
Además, le han propuesto elaborar un estudio sobre las necesidades de cada área pública y en concreto en Sanidad. Dicen ser conscientes, eso sí, de la dificultad de “encontrar especialistas porque se han ido a otras ciudades o empresas privadas”, aunque han insistido en que sería conveniente un aumento del personal. “Tenemos una administración que no está actualizada a los tiempos”, ha concluido Santafé.
Otras de las demandas en materia sanitaria son emprender una reforma del Plan de Atención Primaria, adecuar las categorías profesionales con sus retribuciones y la jubilación anticipada y voluntaria a los 60 años.
Entre sus “temas imprescindibles” a tratar, figuran también el abono íntegro de las pagas extra, ajustar el pago del kilometraje al IPC y no externalizar los servicios propios de las comunidades a empresas privadas.
