El Partido Popular va a iniciar este martes en Zaragoza capital y provincia una recogida de firmas dirigida a los ciudadanos con el fin de apoyar su propuesta en materia de okupación. En concreto, que los desalojos se puedan producir en un máximo de doce horas, que no se puedan empadronar y, en definitiva, para defender “la convivencia y la seguridad”.
Entre las medidas también destaca el endurecimiento de los castigos. En caso de que la okupación se haya llevado a cabo con violencia, penas de cárcel de uno a tres años, mientras que la pena sería de tres meses a un año para aquellos que inciten a practicar esta modalidad que ha ido creciendo en adeptos con el paso del tiempo, especialmente en los últimos meses.
Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta en la que han participado el presidente de los populares en Zaragoza, Javier Campoy, y los diputados del partido en el Congreso de los Diputados, Eloy Suárez y Pedro Navarro. Al respecto, Suárez ha explicado que en Aragón se ocupan “una media de cien viviendas al semestre”, recordando que no sólo afecta a la capital, sino que “se ha extendido a Cuarte, María de Huerva, Cadrete e incluso a Utebo”.
No ha faltado la crítica al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, advirtiendo de que “es un disparate que desde la izquierda se cuestione o ponga obstáculos a la propiedad privada” y añadiendo que están “minimizando este problema, llegándolo a negar y diciendo que es anecdótico”. Al respecto han elevado una moción en los ayuntamientos que se está debatiendo durante los últimos días. También en el Congreso, los populares han elevado una PNL para evitar el empadronamiento de los okupas y una Proposición de Ley orgánica contra la práctica de la okupación ilegal.
Autónomos y ERTE
Durante la pandemia, Aragón perdió del orden de 350 trabajadores y 30 empresas diarias, al margen de los problemas que viven los autónomos, según datos ofrecidos por el presidente de los populares en Zaragoza, Javier Campoy. Al respecto, y relacionado con el Ingreso Mínimo Vital, Suárez ha recordado que su partido apoyó la iniciativa, pero que el Gobierno de Sánchez “sólo la ha utilizado como propaganda”.
Lo ha manifestado porque el presidente de Cáritas, según sus palabras, ha reconocido que la situación en Aragón es “alarmante, mucho peor que en la crisis de 2008, 2009 y 2010”. De este modo, el PP percibe que “los que lo solicitaron están frustrados, ha pasado mucho tiempo desde la solicitud y han visto que muchas han sido rechazadas y otras incluso no han sido tramitadas”.
También Pedro Navarro ha explicado que el PP pide que los ERTE se prolonguen “como mínimo hasta abril, siendo prioritario que se lancen otras medidas” como “garantizar e igualar la seguridad jurídica entre autónomos y asalariados” para que los primeros puedan acceder a ayudas; la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social si un profesional está de baja o en cuarentena por afecciones relacionadas con el Covid; y cuota cero si no existen ingresos, reivindicaciones que coinciden con las de distintas asociaciones de autónomos.
Por último, Navarro apuesta también por “aumentar un año el periodo de cadencia de los ICO” y aplicar un IVA “súper reducido al sector turístico”, además de exonerar del pago de las cotizaciones sociales a locales cerrados por culpa de la pandemia.