La Diputación Provincial de Zaragoza cerró las cuentas de 2018 con 13,2 millones de euros de superávit que, sumado al remanente de tesorería, asciende a 45,5 millones. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, celebra que “hemos hecho los deberes y hemos cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto”.
Por eso trabajan ya en el destino que va a dar a esos ahorros y plantea una inversión financieramente sostenible de 14 millones. Los otros 31 están bloqueados para su uso por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, Sánchez Quero apela al nuevo Gobierno que resulte de las urnas el próximo 28 de abril a “derogarla” o, al menos, que permita que los municipios y diputaciones que cumplen y así lo deseen “puedan invertirlo, por ejemplo, en la lucha contra la despoblación”.
Según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se cifra en 31.000 millones el excedente en las entidades locales desde que se aplicó la Ley hace seis años. Sánchez Quero opina que tras años haciendo esfuerzos de ajuste “ya está bien de que se utilice a las corporaciones locales para controlar el déficit de otras administraciones, como las Comunidades Autónomas o el propio Estado. Queremos negociar una nueva Ley de Financiación”.