Las Cortes de Aragón han convalidado en la sesión plenaria celebrada este miércoles el Decreto-ley 1/2020 de medidas urgentes adoptadas por el Gobierno de Aragón para responder al impacto generado por el Covid-19 en Aragón. La norma ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos a excepción de Vox, que se ha abstenido.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha sido el encargado de explicar a la Cámara el contenido y el alcance de la batería de decisiones contenidas en el documento. De esta forma, se han movilizado todos los recursos de la Administración para hacer frente a la alerta sanitaria, sus consecuencias económicas y sociales para que pudiera actuar “con urgencia y flexibilidad”. “Se trataba de tomar decisiones en un tiempo récord porque la celeridad era una cuestión de ser o no ser”, ha asegurado el responsable de las cuentas autonómicas.
La norma del Ejecutivo dispone medidas presupuestarias, económicas, de simplificación y agilización de los expedientes de gasto, de personal, de contratación, en el ámbito de los servicios sociales, de educación, de administración electrónica y sobre la cadena alimentaria. De todas ellas, el titular de Hacienda ha destacado la medida de aumentar del 12 al 30% el límite de endeudamiento a corto plazo del Gobierno para favorecer la captación de liquidez ante el panorama de aumento del gasto y la “caída estructural” de los ingresos. En ese sentido, Pérez Anadón ha asegurado que la DGA ha captado 1.406 millones de euros en 25 operaciones con 12 entidades diferentes a razón de algo más de cincuenta y seis millones de euros por cada operación. Una partida cuya prioridad, según ha explicado el consejero, será hacer frente a los pagos a pymes y autónomos.
La otra gran decisión contenida en el decreto-ley ha sido el “vuelco radical” que se ha acometido en el personal funcionario, formado por 9.000 trabajadores, para decidir los traslados que han marcado la necesidad y la urgencia de asuntos con una gran carga de trabajo como el aluvión de ERTE, la gestión del 061 y la situación de las residencias de ancianos.
En el turno de intervenciones de los diferentes grupos, Leticia Soria (PSOE) ha reclamado el apoyo de todos los grupos para un decreto “insólito como las circunstancias” que pretende lograr una “más flexible” en materia sanitaria, social y económica con el que se busca “salvar vidas y empleos, evitar el derrumbe del sistema productivo y proteger el sistema democrático”, ha enumerado.
Carmen Susín (PP) ha brindado su respaldo “por lealtad al Gobierno y a los aragoneses”, pero ha rechazado su tramitación como proyecto de ley porque a su juicio “no puede estar en vigor ni un minuto más de lo que dure el estado de alarma porque hace saltar los mecanismos de control y fiscalización del Estado de Derecho”.
José Luis Saz (Ciudadanos) ha justificado el apoyo al documento por la actitud “de comunicación” del Ejecutivo, “porque si en esta situación no nos ponemos de acuerdo, cuándo lo haremos” y porque “hay que saber leer los tiempos de la Historia”, aunque ha aclarado que el respaldo tiene un marco y “no es entreguismo”.
Nacho Escartín (Podemos-EQUO Aragón) ha asegurado que su grupo no pondrá “palos en las ruedas” y, tras hacer un repaso a las medidas del decreto-ley, ha lamentado la reducción del impuesto de sucesiones y ha defendido que “si hay que endeudarse más, es en situaciones de crisis”.
Carmen Martínez (CHA) ha agradecido la “rapidez” del Ejecutivo saliendo a los mercados “a buscar una inyección económica para que el pago medio a proveedores no se nos fuera al infinito”, pero ha advertido que lo duro “vendrá después” ante las “propuestas contradictorias” de la oposición “porque sin ingresos no podremos afrontar la protección social”.
Para el diputado de Vox David Arranz, “el Gobierno nos pide casi un acto de fe” para reforzarlo a él y al sistema frente a la crisis con un decreto lleno de inconcreciones e indefiniciones con el que se arroga amplias competencias y elude del control de esta Cámara, por lo que no vamos a otorgarle un cheque en blanco”.
Jesús Guerrero (PAR) ha mostrado su apoyo a un decreto “insólito” que busca la “sostenibilidad” de los recursos públicos y dotar de una “mayor liquidez” y capacidad de acción a la Administración, así como garantizar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria.
Por último, Álvaro Sanz (IU) ha mostrado su preocupación por cuestiones como la “perpetuación” del límite de disposición a corto plazo en la ley de Hacienda de Aragón eludiendo el control de la Cámara, la ausencia de ayudas al sector cultural o que se haya movilizado antes a los interinos que al personal fijo.
Por acuerdo conjunto de la Mesa y la Junta de Portavoces, la sesión plenaria se ha desarrollado bajo un formato equivalente a la composición de la Diputación Permanente, con la asistencia de dieciséis diputados de los diferentes grupos más el presidente de la Cámara y dos integrantes de la Mesa. A esos votos presenciales se han sumado siete votos telemáticos (cuatro del PSOE, tres del PP y uno de Ciudadanos) hasta hacer el total de veinticuatro representantes parlamentarios.